El Gobierno Nacional publicó un decreto con el que se oficializa la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad. La norma, conocida esta semana, cambia la denominación de la entidad a «Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación» y fija el inicio formal del proceso de cierre, según reportó el medio Enfoque TeVe.
La medida llega después de que la Corte Constitucional identificara errores de trámite en la ley que creó la cartera y no prosperara el intento del Congreso por corregir esos yerros. Sin el respaldo del trámite legislativo, la entidad quedaba sin el sustento jurídico necesario para funcionar, lo que abrió paso al proceso de liquidación.
La senadora Paloma Valencia celebró el hecho. En declaraciones recogidas por Enfoque TeVe, la legisladora sostuvo que «hoy desaparece uno de los mayores ejemplos de derroche e ineficiencia del gobierno». La congresista, crítica de la cartera desde su creación, calificó la liquidación como un ajuste necesario al tamaño del Estado.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas centrales de la administración anterior, con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas orientadas a grupos poblacionales históricamente marginados. Desde su puesta en marcha estuvo en el centro del debate político por su estructura, su presupuesto y la forma como se designó a sus directivos.
Con la liquidación, los programas sociales que dependían de la cartera quedan en un limbo administrativo. La transición de esos planes a otras entidades del Estado, o su eliminación, es uno de los puntos que deberá definir el decreto reglamentario que acompaña la liquidación y que establece un plazo inicial para avanzar en el cierre.
El proceso de liquidación de una entidad pública en Colombia suele implicar el levantamiento de un inventario de bienes, la revisión de contratos vigentes, la definición de la planta de personal y la rendición de cuentas sobre los recursos ejecutados. Esos pasos están contemplados en el marco legal que regula el cierre de ministerios y entidades del orden nacional.
En el plano político, la decisión reaviva la discusión sobre el rol del Estado en la atención de poblaciones vulnerables. Sectores afines al gobierno anterior defienden la necesidad de una cartera específica para reducir brechas de género, étnicas y territoriales. Otros actores, como la senadora Valencia, consideran que esas tareas pueden cumplirla ministerios ya existentes.
La liquidación también tiene implicaciones en la cooperación internacional y en los convenios firmados por la cartera con organismos multilaterales y ONG. Esos acuerdos, en muchos casos, están atados a la existencia de la entidad que los suscribió, por lo que su continuidad o terminación dependerá de la revisión que adelante el equipo liquidador.
Quedan pendientes varios puntos en las próximas semanas. Entre ellos, la publicación del decreto reglamentario con el cronograma completo, la designación del liquidador y la definición de cómo se reasignarán las funciones que ejercía la cartera. Mientras tanto, los servidores públicos del ministerio esperan claridad sobre su situación laboral y la garantía de sus derechos de carrera.
La orden de liquidación marca un nuevo capítulo en la reorganización del Estado colombiano y deja sobre la mesa el debate sobre cómo se atiende a las poblaciones que la cartera creada en 2023 buscaba priorizar. El cierre total de la entidad dependerá del cumplimiento del cronograma y de las decisiones administrativas que se adopten en el corto plazo.