Human Rights Watch dirigió un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que adopte medidas que pongan fin al reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados en Colombia. La solicitud fue reportada por El Periódico y sitúa el tema en la agenda de derechos humanos del nuevo Gobierno.
Según la Defensoría del Pueblo, una de las vías de captación más frecuentes son las redes sociales. La entidad señaló que plataformas como TikTok y Facebook son utilizadas por los grupos armados para contactar, seducir y finalmente vincular a menores a sus estructuras.
El reclutamiento infantil es una práctica prohibida por el Derecho Internacional Humanitario y por la legislación colombiana. La Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, contempla sanciones penales para quienes recluten obliguen o vinculen menores a actividades ilícitas. La Comisión Primera del Congreso y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han tramitado casos relacionados con esta conducta en el marco del conflicto armado.
El informe de Human Rights Watch llega en un momento sensible para el país. Organizaciones de la sociedad civil y entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han documentado durante años la persistencia del reclutamiento en regiones como Cauca, Norte de Santander, Arauca y el sur de Bolívar, zonas con histórica presencia de grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado que los menores captados quedan expuestos a múltiples riesgos. Además de la pérdida de su educación y de su entorno familiar, los niños y adolescentes son usados en actividades de inteligencia, transporte de explosivos y combates directos, lo que configura una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
El uso de redes sociales como mecanismo de captación representa un desafío adicional para las autoridades. La capacidad de los grupos armados para generar contenidos atractivos, ofrecer pagos o aparentar un proyecto de vida atractivo ha obligado a las instituciones a explorar mecanismos de monitoreo digital y campañas de prevención en esos mismos espacios.
Para las familias colombianas, la preocupación central es la protección de los menores en entornos digitales. Especialistas en infancia recomiendan acompañamiento parental, educación digital y rutas de denuncia ágiles, aunque estas herramientas no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones de seguridad en los territorios.
Human Rights Watch suele publicar informes anuales sobre Colombia en los que evalúa la situación de derechos humanos y formula recomendaciones específicas al Gobierno de turno. El llamado al presidente De la Espriella se inscribe en esa práctica institucional y suele ir acompañado de solicitudes de reuniones bilaterales y seguimiento público a los compromisos asumidos.
Queda por conocer la respuesta oficial del Gobierno nacional a este pedido. Sectores defensores de derechos humanos esperan anuncios sobre prevención, protección y judicialización, mientras que las comunidades en zonas afectadas reclaman presencia estatal efectiva para evitar que más menores sigan siendo vinculados a la guerra.