Human Rights Watch difundió este lunes un informe en el que documenta el reclutamiento forzado de menores en Colombia y pidió al presidente Abelardo de la Espriella que adopte medidas urgentes para revertir esa tendencia. La organización basa su solicitud en cifras de la Defensoría del Pueblo que registran unos 1.500 niños vinculados a grupos armados desde 2021.
El reclutamiento de menores es una prácticaextendida por parte de organizaciones armadas ilegales que operan en distintas regiones del país. Según el informe citado por HRW, los grupos utilizan a los niños en actividades de inteligencia, logística y combate, lo que los expone a riesgos graves para su integridad física y psicológica.
La Defensoría del Pueblo es la entidad estatal encargada de vigilar y promover los derechos humanos en Colombia. De manera periódica, emite alertas tempranas sobre situaciones de riesgo para las comunidades, incluidos los menores en zonas de conflicto. Las cifras de alrededor de 1.500 menores reclutados desde 2021 que recoge HRW provienen de esa labor de seguimiento institucional.
Human Rights Watch es una organización internacional con sede en Nueva York que investiga y reporta violaciones de derechos humanos en más de cien países. Sus informes suelen tener eco en la comunidad internacional y en los gobiernos, que enfrentan presión para responder a las recomendaciones planteadas por la ONG.
Colombia ha vivido históricamente el reclutamiento infantil como una de las peores manifestaciones del conflicto armado interno. Distintas leyes y políticas públicas han intentado prevenir esta práctica y restablecer los derechos de los menores víctimas, aunque las organizaciones sociales han señalado en diversas oportunidades que los avances son insuficientes frente a la magnitud del problema.
El llamado de HRW llega en un momento sensible para el Gobierno nacional, que debe responder a las demandas de protección de la infancia en un escenario de seguridad todavía complejo en varias zonas del país. La organización no detalla en el extracto público las acciones específicas que solicita, pero la petición se enmarca en su estrategia de exigir a los Estados compromisos verificables frente a los derechos de los niños.
El reclutamiento de menores tiene consecuencias directas para las familias y comunidades afectadas, que suelen pertenecer a zonas rurales y apartadas donde la presencia del Estado es limitada. Los menores reclutados pierden acceso a la educación, a la salud y a la protección que el Estado debe garantizarles por mandato constitucional.
Ahora queda por conocer la respuesta oficial del Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el informe de HRW y las cifras de la Defensoría del Pueblo. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil estarán atentas a las decisiones y políticas que se adopten en las próximas semanas para atender esta problemática.
La fuente de esta información es el diario El Heraldo, que publicó el reporte de Human Rights Watch este lunes. El observatorio ciudadano retoma los datos consignados por el medio y por la propia ONG para ampliar el contexto y sus implicaciones para la población colombiana.