Human Rights Watch (HRW) dirigió un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que el Gobierno nacional fortalezca la política pública orientada a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. La solicitud fue dada a conocer este lunes, según reportó Zona Cero, y se inscribe en el seguimiento que esa organización internacional realiza a la situación de la infancia en zonas de conflicto en Colombia.
La petición coincide con la divulgación de un informe de la Defensoría del Pueblo que eleva a cerca de 1.500 los casos de reclutamiento de menores registrados en el país desde 2021. La cifra, reportada por la entidad en su más reciente boletín, vuelve a poner en primer plano una problemática que atraviesa varias regiones del territorio colombiano y que afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales y étnicas, de acuerdo con los antecedentes que la propia Defensoría ha documentado en alertas tempranas.
El reclutamiento forzado de menores constituye una de las violaciones más graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Los niños y niñas vinculados a grupos armados quedan expuestos a riesgos de todo tipo: combates, minas antipersonal, violencia sexual, desplazamiento forzado y, en muchos casos, estigmatización al intentar regresar a sus comunidades. Por eso, la prevención y la atención integral a las víctimas menores de edad hacen parte de los compromisos asumidos por Colombia en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.
La política pública de prevención del reclutamiento, en sus distintas versiones, ha sido una herramienta central del Estado colombiano para atender este fenómeno. Programas de atención a niños desvinculados, rutas de prevención en municipios priorizados y estrategias de protección en comunidades indígenas y afrodescendientes hacen parte del catálogo de acciones que se han implementado en las últimas décadas. El llamado de HRW se concentra en la necesidad de reforzar esos mecanismos, en un contexto en el que las estructuras armadas que reclutan menores continúan activas en varias zonas del país, como han señalado distintos organismos de control y verificación.
Para los ciudadanos, el reclutamiento de menores tiene efectos que van más allá de las víctimas directas. Las familias de los menores reclutados suelen enfrentar amenazas, desplazamientos y rupturas en sus proyectos de vida. Las comunidades receptoras, por su parte, soportan la presencia de actores armados que se alimentan de su población más joven, lo cual debilita la confianza en las instituciones y dificulta la consolidación de la seguridad en los territorios. La prevención, en ese sentido, toca tanto a las entidades nacionales como a los gobiernos locales y a la cooperación internacional.
El pronunciamiento de Human Rights Watch llega en un momento clave del gobierno de De La Espriella, que ha planteado como prioridad la recuperación de la seguridad en las regiones. En ese marco, el llamado de la organización apunta a que la protección de la infancia quede integrada de manera transversal en las estrategias de seguridad, justicia y desarrollo rural, en lugar de ser tratada como un tema aislado. La Defensoría del Pueblo, por su parte, seguirá siendo un actor clave en la verificación y el seguimiento de las alertas tempranas sobre reclutamiento en los territorios.
Quedan varios retos pendientes sobre la mesa. Por un lado, la actualización y articulación de los planes de prevención municipales y departamentales con la política nacional. Por otro, el fortalecimiento de los programas de atención a los menores desvinculados, que requieren acompañamiento psicosocial, educativo y jurídico de largo plazo. También está el desafío de garantizar la sostenibilidad financiera de estas acciones en un escenario fiscal ajustado. El llamado de HRW, sumado al informe de la Defensoría, establece una línea de seguimiento para que la sociedad civil y la comunidad internacional observen los avances del Gobierno en esta materia durante los próximos meses.
