El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se pronunció luego de la intervención del presidente Abelardo de la Espriella en una cumbre de mandatarios regionales. La réplica del gobernador se produjo el viernes 4 de septiembre y abrió un nuevo capítulo en la relación entre la Casa de Nariño y los territorios.
De acuerdo con la publicación divulgada en redes sociales, Escobar respondió a lo que calificó como una advertencia del primer mandatario durante el encuentro con los gobernadores. El contexto inmediato fue la cumbre regional, un espacio que reúne periódicamente al jefe de Estado con los mandatarios locales para tratar temas de orden público, inversión y gestión territorial.
En su respuesta, el gobernador de Nariño utilizó la expresión “una paz desarmada”, una frase que resume el malestar de varios mandatarios locales frente al enfoque de seguridad del Gobierno nacional. La declaración sugiere que, desde la óptica del departamento, los acuerdos territoriales no pueden desligarse de la protección efectiva a las comunidades.
Nariño es uno de los departamentos más afectados por la violencia de grupos armados y por dinámicas asociadas al narcotráfico en el Pacífico colombiano. La presencia de disidencias, estructuras criminales y economías ilícitas ha sido documentada de manera reiterada por organismos de control y por la propia Defensoría del Pueblo en sus informes de alertas tempranas.
La intervención del presidente en la cumbre no fue aislada. En ese tipo de reuniones, el Ejecutivo suele fijar la línea política en materia de seguridad, convivencia y relaciones con los territorios. Las declaraciones en estos escenarios suelen ser leídas como señales de gobernanza y como instrucciones para la articulación con alcaldías y gobernaciones.
La respuesta de Escobar pone de relieve una tensión que ha sido recurrente en la relación entre el nivel nacional y los territorios: la percepción de los gobernadores sobre el grado de autonomía en la implementación de políticas de seguridad, justicia y reconciliación en zonas donde el conflicto armado tiene mayor presencia.
Para los habitantes del departamento, el cruce de declaraciones entre el Gobierno nacional y la Gobernación tiene efectos prácticos. Las decisiones sobre pie de fuerza, inversión en zonas afectadas y protocolos de protección dependen, en buena medida, de la coordinación entre el nivel central y las autoridades departamentales.
Por ahora, ni la Presidencia ni la Gobernación de Nariño han informado si tras este cruce público se abrirá un canal de diálogo bilateral. La cumbre de mandatarios suele dejar como tarea la conformación de mesas de trabajo, aunque los tiempos y la composición de esos espacios los fija la Casa de Nariño.
La discusión queda abierta en un momento en que el país observa con atención las señales que envía el Gobierno sobre el rumbo de su política de seguridad territorial, en especial en zonas como el Pacífico nariñense, donde confluyen múltiples factores de riesgo para la población civil.