Según la información publicada por Canal26, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que el terremoto que sacudió al país el día en que asumió el mando “ocurrió por decisión de Dios” y que esa coincidencia forma parte de “la sabiduría de Dios”. El extracto difundido por el medio no precisa el lugar ni la fecha exacta del siniestro, pero reporta un balance preliminar de alrededor de 300 personas fallecidas y más de 4.000 heridas.
El fenómeno telúrico golpeó al país en una jornada cargada de simbolismo institucional: la jornada inaugural del nuevo gobierno. Para miles de colombianos, ese día quedó asociado al inicio de un nuevo ciclo político. La superposición con una emergencia sísmica de esa magnitud convirtió la jornada en un parteaguas tanto para la Casa de Nariño como para los organismos de atención de desastres.
Colombia se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas de Suramérica, por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la convergencia de placas tectónicas. A lo largo de su historia reciente, el país ha enfrentado sismos devastadores como los de Armenia (1999), Popayán (1983) y el evento del Eje Cafetero, entre otros, lo que ha llevado a las autoridades a mantener protocolos de respuesta y a fortalecer el sistema de gestión del riesgo.
Las declaraciones del presidente llegan en un momento en que la bancada de gobierno debe atender simultáneamente las necesidades logísticas de la emergencia y la comunicación política. Voceros de la Casa de Nariño no habían informado, al cierre de la nota de Canal26, sobre acciones puntuales derivadas de las palabras del mandatario, pero la magnitud del desastre obliga a activar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a coordinar apoyos con gobernaciones y alcaldías afectadas.
Las reacciones ciudadanas no se hicieron esperar. En redes sociales y espacios de opinión, varios usuarios cuestionaron que un jefe de Estado atribuya una catástrofe a una “decisión divina” y reclamaron mensajes centrados en la atención a las víctimas, la evacuación de zonas de riesgo y la entrega de ayudas humanitarias. Otros sectores, en cambio, respaldaron el tono espiritual del presidente y recordaron que Colombia es un país de tradición religiosa mayoritariamente católica.
La controversia también reavivó un debate de fondo sobre el papel de la fe en el discurso presidencial. Distintos analistas suelen recordar que la Constitución colombiana establece la separación entre la Iglesia y el Estado, aunque no prohíbe que los mandatarios hagan referencias personales a sus creencias. La diferencia, señalan constitucionalistas, está en si esas invocaciones religiosas se presentan como explicación de los hechos públicos o como expresión de la espiritualidad individual del gobernante.
En materia institucional, las prioridades inmediatas son la búsqueda y rescate de personas atrapadas, la atención hospitalaria de los heridos, la evaluación de daños en infraestructura y la restauración de servicios básicos en las zonas afectadas. El gobierno deberá informar en las próximas horas el Plan de Acción Específico que se active, los recursos que se destinen y los canales de ayuda habilitados para la población damnificada.
Por ahora, las palabras del presidente quedan como una de las declaraciones más comentadas del arranque de su gestión. Queda pendiente conocer el balance oficial consolidado de víctimas, las regiones declaradas en calamidad pública o en situación de desastre y el cronograma de reconstrucción. La atención mediática y ciudadana se concentrará en si las acciones del Ejecutivo en las próximas semanas corresponden o no a la gravedad del cuadro reportado por la fuente.