El presidente Abelardo de la Espriella estuvo al frente de un operativo contra las disidencias de las Farc que, según la fuente, encabezaría Iván Mordisco. NTN24 divulgó imágenes del despliegue y reportó que la acción se enfoca en las actividades ilícitas que esas estructuras sostienen, en especial la minería ilegal.
La operación se inscribe en la línea de golpear las economías criminales que financian a los grupos armados fuera de la ley. La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de renta de las disidencias, junto al narcotráfico y la extorsión, según los análisis recurrentes de las autoridades colombianas.
De acuerdo con la información divulgada por NTN24, las disidencias habrían establecido puntos de control y extracción en zonas donde el Estado tiene presencia limitada. Esos territorios, ricos en minerales, suelen coincidir con áreas de difícil acceso, donde la minería se realiza sin permisos ambientales ni títulos mineros vigentes.
La participación directa del presidente en el operativo marca un mensaje político sobre la prioridad que el gobierno otorga al combate de las economías ilegales. En Colombia, la presencia presidencial en este tipo de acciones se ha utilizado para reiterar el compromiso con la fuerza pública y con las comunidades afectadas por la extracción irregular.
Para los habitantes de las zonas intervenidas, el impacto de la minería ilegal se traduce en contaminación de fuentes hídricas, deforestación y pérdida de tierras productivas. Organizaciones ambientales y sociales han denunciado durante años los efectos sobre los ecosistemas y sobre las comunidades que dependen de la economía local.
El nombre de Iván Mordisco aparece asociado a una de las facciones disidentes que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Su estructura ha sido objeto de operaciones militares sostenidas, con resultados militares y capturas reportados por la fuerza pública en distintos momentos.
NTN24 difundió imágenes del operativo, lo que sugiere una operación coordinada entre las Fuerzas Militares, la Policía y entidades del Estado. El gobierno no ha detallado, hasta ahora, el número de efectivos, el área específica ni los resultados materiales de la acción, datos que suelen entregarse en los partes oficiales posteriores.
Queda pendiente el parte oficial con el balance de capturas, incautaciones y destrucción de maquinaria usada para la minería. También se esperan pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones ambientales sobre el impacto humanitario y ecológico en las zonas intervenidas.