Abelardo de la Espriella anunció que eliminará el impuesto al patrimonio si llega a la Presidencia de la República, según registró El Espectador. El tributo grava los bienes poseídos por personas naturales y ha sido uno de los puntos de mayor disputa fiscal en los últimos años.
El impuesto al patrimonio fue una herramienta que el gobierno de Gustavo Petro defendió en varias ocasiones como mecanismo de equidad tributaria. Desde distintos sectores se argumentó que grava activos improductivos y fomenta la concentración de la riqueza, mientras que el Ejecutivo y sus aliados presentaron el tributo como una forma de financiar gasto social.
La eliminación del tributo tendría efectos directos sobre el recaudo de la Nación. En ejercicios previos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de impuestos a la riqueza ha representado recursos adicionales que se destinan, según cada Gobierno, a programas sociales y a la financiación del presupuesto nacional.
De la Espriella inscribió su propuesta en la campaña presidencial. La medida implica revisar el Estatuto Tributario y tramitar una reforma ante el Congreso de la República, donde cualquier cambio en impuestos permanentes requiere el trámite legislativo ordinario, con debates en comisiones económicas y plenarias de Senado y Cámara.
La propuesta también toca a las empresas. El patrimonio líquido de sociedades suele ser una de las bases del cálculo del impuesto, por lo que la supresión modificaría la carga fiscal de personas jurídicas con activos por encima de los topes que fija la ley, que se actualizan cada año.
La Confederación Nacional de Comisionistas y Bolsas de Valores, y entidades gremiales como la ANDI y Fenalco, han planteado en distintos momentos reparos al tributo por considerar que afecta la inversión y la formación de capital. Sectores académicos han defendido en cambio su uso temporal para reducir la desigualdad.
Para los contribuyentes, el anuncio significa un cambio de reglas si la propuesta avanza. Quienes venían liquidando el gravamen deberán revisar su planeación tributaria, mientras que los patrimonios superiores a los umbrales vigentes dejarían de tener esa obligación en los términos actuales.
La decisión final quedará en manos del Congreso si De la Espriella llega a la Casa de Nariño. Mientras tanto, la propuesta reabre la discusión sobre la estructura tributaria, el rol de los impuestos directos y el financiamiento del Estado en Colombia.
Queda pendiente conocer la hoja de ruta detallada del candidato: si la eliminación sería inmediata o gradual, si se mantendrían regímenes de transición para patrimonios ya gravados, y cómo se compensarían los recursos que dejarían de ingresar a las arcas nacionales.