El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, deberá pronunciarse públicamente para corregir sus declaraciones sobre los campesinos. La orden proviene de un juez que admitió un recurso jurídico interpuesto por el representante a la Cámara Miguel Ángel Grisales, del Pacto Histórico, según reportó Infobae.
El origen del proceso es una afirmación del titular de la cartera de Agricultura en la que habría señalado que el término “campesinos” tenía un uso despectivo. Esa expresión motivó la acción legal del congresista, quien consideró que las palabras del funcionario lesionaban a un sector amplio de la población rural del país.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la identidad del juez que asumió el caso aún no se conoce de manera pública. Lo que sí está en marcha, según la fuente, es el conteo del plazo que tiene el ministro para cumplir la decisión, es decir, para emitir la retractación ordenada por el despacho judicial.
El Ministerio de Agricultura es la entidad del Estado encargada de formular y ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural. En ejercicio de ese rol, sus declaraciones públicas tienen peso en la manera como se percibe a las comunidades del campo, que según el Dane representan cerca de un tercio de la población colombiana y concentran buena parte de la producción de alimentos del país.
El representante Grisales, quien hace parte de la bancada del Pacto Histórico, ha sido uno de los congresistas más vocales en temas agrarios en esta legislatura. Su decisión de acudir a la vía judicial muestra que, más allá del debate político en el Congreso, llevó el caso a la rama judicial para que sea un juez el que dirima la controversia sobre las palabras del ministro.
En casos como este, los despachos judiciales pueden ordenar rectificaciones o retractaciones cuando se considera que una declaración pública afecta derechos o el buen nombre de un colectivo. La figura se usa para que la persona que emitió la afirmación pueda precisar o corregir sus palabras, y suele estar acompañada de plazos perentorios.
La orden de retractarse implica que Dangond tendrá que emitir una declaración en la que precise o corrija lo dicho sobre los campesinos. La forma y el medio en que se haga dependerán de lo dispuesto por el juez y del cumplimiento que el ministro le dé al fallo dentro del término que le fue concedido.
Por ahora, la atención se centra en el reloj judicial que, según Infobae, ya corre para el ministro. Queda por verse si la retractación se hará pública a través de un medio de comunicación, en una declaración oficial o por otra vía, y cuál será el tono que el funcionario emplee para corregir sus palabras ante las comunidades campesinas y la opinión pública.
Mientras tanto, el expediente avanza en los estrados judiciales y el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado, de manera pública y oficial, sobre los alcances de la decisión ni sobre la forma en que cumplirá el ultimátum dado por el juez.