El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, planteó tres alertas centrales sobre la situación económica que recibirá su gobierno: inflación, deuda y riesgo de apagones. El anuncio, recogido por el diario El Nuevo Día, marca la primera radiografía pública de los temas que, según el mandatario entrante, exigirán atención inmediata en el inicio de su mandato.
De la Espriella también confirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindará acompañamiento técnico al proceso de transición de gobierno. Se trata de un respaldo de un organismo multilateral con presencia regional, que suele ofrecer asesoría en matéria fiscal, energética y de financiamiento a países de América Latina, y cuyo acompañamiento es interpretado como una señal de cooperación frente a los retos que enumeró el presidente electo.
Sobre la inflación, la preocupación planteada se inscribe en un debate que ha dominado la agenda económica de los últimos años en Colombia. El país cerró el 2024 con una inflación acumulada superior al 5 %, por encima del rango meta del Banco de la República, que apunta al 3 %. Ese comportamiento ha encarecido alimentos, transporte y servicios, con efectos directos sobre el poder de compra de los hogares, en especial los de ingresos medios y bajos.
En materia de deuda, el planteamiento del presidente electo llega en un contexto de sostenido aumento del endeudamiento público. Colombia cerró 2024 con una deuda cercana al 60 % del Producto Interno Bruto, según datos del Ministerio de Hacienda, lo que ha encendido las alarmas de calificadoras internacionales como Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, que han ajustado o puesto en perspectiva negativa la calificación crediticia del país.
El tercer punto, el riesgo de apagones, reabrió el debate sobre la capacidad del sistema eléctrico nacional. La advertencia ocurre tras episodios de racionamiento y de estrés en la generación de energía que el país ha enfrentado en los últimos años, atribuidos a la dependencia del recurso hídrico en épocas de sequía, a demoras en proyectos de transmisión y a la limitada incorporación firme de nuevas fuentes.
Para las regiones, las tres alertas tendrán implicaciones directas. En el caso del Tolima, mencionado por el diario El Nuevo Día, la presión fiscal nacional puede traducirse en menores giros y en ajustes a los programas de inversión territorial. A su vez, la posibilidad de apagones afecta la productividad regional, pues cortes de energía frenan la operación de pequeños comercios, industrias y servicios públicos esenciales en los municipios.
El respaldo del BID a la transición abre una puerta a asistencia técnica y, eventualmente, a financiamiento para proyectos en sectores críticos. Aunque el alcance concreto del acompañamiento no fue detallado en el reporte, la sola mención del organismo multilateral supone un canal abierto para discutir con expertos internacionales las respuestas a la inflación, la deuda y los riesgos energéticos que ha enumerado el gobierno entrante.
Queda pendiente conocer las medidas concretas que el nuevo gobierno adoptará en los primeros meses frente a cada una de las alertas. También se aguarda por precisiones sobre el papel específico que jugará el BID en la transición, así como por la reacción del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República ante los anuncios del presidente electo.