El 7 de agosto, Abelardo de la Espriella juró como nuevo presidente de Colombia en un momento de marcada expectativa sobre el rumbo de la política de seguridad. Ese mismo día, la organización Crisis Group publicó un informe que advierte sobre los riesgos de una estrategia militar de mano dura frente a los grupos armados, según reportó el diario El Nacional.
El documento sostiene que una ofensiva exclusivamente militar contra organizaciones como las disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales presentes en el territorio colombiano tiende a producir efectos contrarios a los esperados. Según Crisis Group, la presión militar directa suele fragmentar los grupos, pero también puede multiplicar los focos de violencia y descentralizar el control territorial del crimen.
Colombia arrastra más de seis décadas de conflicto armado interno y ha ensayado distintas fórmulas para enfrentarlo. La estrategia de seguridad democrática, implementada a comienzos de los años 2000, se apoyó en gran medida en la fuerza estatal contra las guerrillas y los paramilitares. Ese enfoque logró golpes significativos a las estructuras insurgentes, pero también dejó saldos cuestionados en materia de derechos humanos y llevó a la expansión de nuevos grupos armados.
El informe de Crisis Group se inscribe en una línea de análisis que ha cobrado fuerza en círculos académicos y de política internacional. La organización ha estudiado durante años los efectos de las estrategias contrainsurgentes en distintas regiones del mundo y considera que, en muchos casos, la mano dura sin componentes sociales ni negociadores tiende a prolongar los conflictos en lugar de resolverlos.
El componente territorial es clave en el análisis. En zonas donde el Estado ha estado históricamente ausente, los grupos armados cumplen funciones de orden local, justicia y economía. Una operación militar sostenida puede debilitar a esos actores, pero si no viene acompañada de presencia institucional, inversión social y mecanismos de justicia, el vacío tiende a ser ocupado por otros armados o por las facciones que se escinden del grupo original.
Para la ciudadanía, las implicaciones son directas. En regiones como el Catatumbo, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y varias zonas del Pacífico, las comunidades han padecido los efectos del desplazamiento forzado, los confinamientos y las amenazas derivadas de la disputa entre grupos armados. Un eventual recrudecimiento del conflicto pondría a esas poblaciones en mayor riesgo y profundizaría la crisis humanitaria en territorios que ya viven una situación precaria.
En materia de derechos humanos, las alarmas también se encienden. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado en décadas pasadas patrones de violaciones asociados a operaciones militares intensivas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y violencia sexual. El informe recuerda que cualquier estrategia de seguridad debe contar con controles institucionales efectivos para evitar la repetición de esos hechos.
Desde el enfoque político, el informe llega en un momento simbólico: el primer día de gobierno de Abelardo de la Espriella. La coincidencia temporal no es menor, pues las primeras señales de un gobierno suelen marcar el tono de lo que vendrá. Si el Ejecutivo privilegia una respuesta de fuerza, advierten los analistas, podría alejarse de las salidas negociadas que han sido exploradas en los últimos años con distintos grupos armados.
Quedan varios interrogantes abiertos. No está definido aún el alcance concreto de la estrategia que implementará el nuevo gobierno, ni la forma en que se articularán la fuerza pública, la justicia y la política social. El informe de Crisis Group aporta insumos para el debate, pero la decisión sobre el rumbo de la seguridad será competencia del presidente de la Espriella y de su equipo ministerial.
El Nacional, medio que publicó la información, es un diario venezolano con cobertura regular sobre la política latinoamericana, lo que sitúa la noticia en un contexto regional más amplio. La atención internacional sobre el primer día de gobierno de un presidente colombiano no es habitual, y el hecho de que un organismo como Crisis Group se pronuncie de forma tan temprana refleja la sensibilidad que despierta el tema de la política de seguridad en el país.