El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó el traslado de 120 personas privadas de la libertad que se encontraban en establecimientos de Buenaventura. Los reclusos fueron distribuidos en distintas cárceles del país, según informó el diario El Tiempo. La orden para ejecutar la reubicación partió del presidente Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el reporte, parte de los internos fueron enviados a penales de máxima seguridad, mientras que otros fueron conducidos a pabellones de menor categoría carcelaria. Esta separación se realiza usualmente con base en criterios como el perfil delictivo, el nivel de riesgo y las condiciones de cada interno, aunque los detalles de la clasificación no fueron precisados en la información publicada.
El Inpec es la entidad encargada de administrar los centros de reclusión en Colombia y tiene entre sus funciones la custodia, vigilancia y garantía de los derechos de la población carcelaria. La institución suele ejecutar traslados masivos cuando se requiere descongestionar penales, reforzar la seguridad o responder a hechos de orden público en una región específica.
Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, ha sido escenario en los últimos años de disputas entre organizaciones criminales por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Las cárceles de esa zona han enfrentado brotes de violencia y hacinamiento, condiciones que suelen motivar decisiones de este tipo por parte del Gobierno nacional.
Con el traslado, los internos salieron de la jurisdicción del Valle del Cauca y quedaron bajo la custodia de otros establecimientos, algunos de ellos a cientos de kilómetros de distancia. Las familias de los reclusos suelen verse afectadas por este tipo de decisiones, ya que los costos de visita legal aumentan cuando los familiares deben viajar a otras ciudades para mantener el contacto.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el costo logístico de la operación ni sobre las condiciones en las que se realizó el desplazamiento de los 120 internos. Tampoco se han reportado incidentes durante el traslado, según lo consignado por El Tiempo.
La decisión presidencial se enmarca en las facultades que tiene el Gobierno para impartir directrices en materia de orden público y política penitenciaria. El Inpec actúa como ejecutor de estas instrucciones y debe coordinar con las cárceles receptoras la disponibilidad de cupos y las condiciones de seguridad de cada pabellón.
En las próximas horas se espera que las autoridades amplíen la información sobre los penales de destino de los internos y los criterios que se aplicaron para separar a quienes fueron enviados a máxima seguridad de los que quedaron en celdas de menor categoría.