Delegados de la mesa de paz urbana que funciona al interior de la cárcel de Itagüí se pronunciaron para pedirle al gobierno nacional que preserve el espacio de conversación. El pronunciamiento se conoce luego de que circulara la versión de que el diálogo había llegado a un punto sin retorno.
La mesa reúne a representantes de los internos y a facilitadores que trabajan en la búsqueda de acuerdos sobre convivencia y reducción de la violencia dentro del establecimiento. Estos espacios hacen parte de las estrategias de política penitenciaria que buscan resolver conflictos sin recurrir de forma exclusiva a la fuerza.
En Colombia, las mesas de paz al interior de las cárceles han sido una herramienta usada para acercar a la población privada de la libertad con el Estado. En ellas participan funcionarios del Inpec, delegados de la Defensoría del Pueblo y, en algunos casos, voceros de la sociedad civil y de organizaciones religiosas.
El rumor sobre el cierre del espacio tomó fuerza el miércoles y generó expectativa entre los familiares de los internos y las organizaciones que acompañan el proceso. Ante la difusión de esa versión, los integrantes de la mesa decidieron pronunciarse de manera pública para aclarar la situación.
El gobierno del presidente De la Espriella recibió la solicitud en un contexto de revisión de las políticas de seguridad y de tratamiento penitenciario. Hasta ahora no se conoce una respuesta oficial del Ejecutivo sobre el futuro del diálogo.
Para los internos, la continuidad de la mesa representa la posibilidad de mantener un canal directo con las autoridades. En la práctica, estos escenarios han permitido desescalar peleas entre internos y avanzar en compromisos de comportamiento.
Organizaciones de derechos humanos que siguen procesos carcelarios suelen recordar que los acuerdos al interior de las prisiones dependen tanto del compromiso de los internos como del respaldo institucional. Sin ese respaldo, los pactos tienden a debilitarse con el paso de las semanas.
La petición coincide con un momento en el que el sistema penitenciario colombiano enfrenta niveles altos de hacinamiento y limitaciones de personal. En ese escenario, los canales de diálogo se convierten en un recurso sensible para la gestión de la convivencia.
Queda pendiente la respuesta formal del gobierno nacional y de la dirección del Inpec. Su decisión marcará si la mesa de paz urbana de Itagüí continúa funcionando o si el espacio se replantea en las próximas semanas.