El presidente Abelardo De la Espriella puso sobre la mesa un borrador de decreto orientado a modificar los lineamientos que regulan la intervención de la Fuerza Pública en marchas, plantones y concentraciones ciudadanas. La propuesta fue detallada por Daniel Palacios y divulgada por La FM, que publicó las claves del nuevo texto.
La discusión sobre los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas es un tema sensible en Colombia. Distintos gobiernos han intentado, desde 2020, ajustar las directrices internas de la Policía y las Fuerzas Militares para fijar reglas más claras sobre uso de la fuerza, protección de civiles y respeto al derecho a la protesta.
Un decreto de esta naturaleza no reemplaza automáticamente la ley estatutaria de la protesta, aprobada en 2021, pero sí puede precisar la forma en que las autoridades ejecutan esas normas en la calle. Entre los puntos que suelen abordarse están los niveles de uso de la fuerza, los criterios de dispersión de multitudes y el papel de los organismos de control durante los operativos.
Según lo informado por La FM, Daniel Palacios expuso los ejes centrales del borrador. El gobierno busca, con este texto, dotar a las tropas y a la Policía de un marco operativo unificado, de modo que las decisiones en terreno respondan a criterios previamente establecidos y no a la improvisación.
La iniciativa llega en un contexto de crecientes movilizaciones sociales en varias regiones del país, donde se han presentado denuncias por exceso en el uso de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han insistido, en debates recientes, en la necesidad de protocolos más detallados y verificables.
Para los ciudadanos, un cambio en los protocolos puede traducirse en reglas más explícitas sobre cómo se actúa en una marcha, qué conducta se espera de los uniformados y cuáles son los límites del uso de armas menos letales. También puede significar nuevas obligaciones para los organizadores de las concentraciones.
La propuesta de decreto abre un nuevo capítulo en el debate entre el respeto a la protesta social y la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden público. Sectores políticos y sociales estarán atentos al texto definitivo, que podría ser objeto de ajustes antes de su expedición formal.
Queda pendiente conocer el contenido completo del borrador, los plazos para su revisión y si el documento passará por consulta con organizaciones civiles, expertos en derechos humanos y entes de control, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.