La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, reiteró sus críticas al presidente electo Abelardo de la Espriella durante su intervención en la Asamblea Nacional de Sintramienergética, un espacio gremial del sector energético. Según Infobae, la legisladora sostuvo que las garantías laborales de los trabajadores colombianos están en riesgo con el nuevo periodo presidencial.
Zuleta afirmó, en términos recogidos por Infobae, que el país “vuelve a un Estado capturado por los grandes empresarios”. Con esa frase buscó sintetizar su preocupación por el rumbo que tomarán las políticas laborales y la relación entre el Ejecutivo y los sectores productivos durante el gobierno entrante.
Sintramienergética es un sindicato que agrupa a trabajadores del sector minero-energético colombiano. Su asamblea nacional reúne periódicamente a delegados de distintas regiones para discutir temas laborales, contractuales y de política pública que afectan al sector. La presencia de una senadora de la oposición en ese escenario le da un matiz político al debate gremial.
La intervención de Zuleta se enmarca en el periodo de transición entre el gobierno saliente y la administración de De la Espriella, que asumirá el 7 de agosto de 2026. En esas semanas previas a la posesión, distintos sectores sindicales, sociales y políticos suelen fijar públicamente sus posiciones sobre lo que esperan del nuevo gobierno, o lo que temen de él.
El sector energético es uno de los más sensibles a los cambios de gobierno por su peso en las exportaciones, la inversión extranjera y el empleo formal en varias regiones. Anuncios sobre contratación, tarifas, regulación ambiental o proyectos de transición energética suelen generar reacciones inmediatas en los sindicatos del ramo.
Desde la óptica de Zuleta, la llegada de un gobierno con vínculos visibles con el empresariado puede traducirse, según su lectura, en un repliegue de las conquistas laborales obtenidas en los últimos años. La congresista ha sido una de las voces más activas de la bancada del Pacto Histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la promoción de la transición energética justa.
La declaración tiene un tono claramente político y de oposición. Se trata de una advertencia pública dirigida a la base sindical y a la opinión, más que de una propuesta concreta sobre un articulado o una norma específica. Hasta ahora, según el reporte de Infobae, no se conocieron reacciones oficiales del equipo de transición de De la Espriella frente a estas afirmaciones.
Queda pendiente cómo se desarrollará la interlocución entre el nuevo gobierno, el Congreso y los sindicatos del sector minero-energético. Las próximas semanas, previas a la posesión, serán claves para definir señales sobre el rumbo de la política laboral y energética que adoptará la administración entrante.