El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, denunció este lunes un presunto ciberataque contra el Ministerio de Justicia. El anuncio se produce en la última semana del gobierno de Gustavo Petro, en pleno proceso de empalme con el equipo entrante de Abelardo de la Espriella.
Según la información publicada por El Colombiano, Cancino alertó sobre la situación y pidió que se investigue el origen y el alcance del incidente. Hasta el momento, la cartera no ha detallado qué sistemas resultaron comprometidos ni si hubo robo o filtración de datos.
El Ministerio de Justicia es una de las entidades del Estado con mayor manejo de información sensible. En su órbita están el sistema penitenciario y carcelario, los procesos de inspección y vigilancia de operadores judiciales, y trámites de conciliación y notariado. Un ataque a su infraestructura tecnológica puede afectar la atención al ciudadano y la continuidad de servicios que dependen de plataformas digitales.
Los ciberataques a entidades públicas colombianas se han convertido en un riesgo recurrente. En los últimos años, distintas dependencias y empresas del Estado han reportado intentos de intrusión, robos de bases de datos y afectaciones a portales institucionales. Por eso, cada denuncia activa protocolos de respuesta y revisión por parte de los equipos de seguridad informática.
Por lo general, este tipo de denuncias se trasladan a la Dijín, al Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares y al Ministerio de Tecnologías de la Información. Esas entidades tienen la tarea de rastrear la amenaza, aislar los sistemas comprometidos y, si hay lugar, abrir investigaciones penales por los delitos informáticos tipificados en la legislación colombiana.
El hecho ocurre en un momento particular. La transición de gobierno implica cambios de equipos, empalmes administrativos y movimientos de información entre las carteras. La denuncia de Cancino agrega un elemento adicional a ese proceso, porque cualquier compromiso en los sistemas puede retrasar la entrega de archivos y la disponibilidad de plataformas para el equipo entrante.
Desde el Ministerio de Justicia no se han reportado, hasta ahora, interrupciones masivas en los servicios a la ciudadanía. Tampoco se ha confirmado si el ataque afectó registros de internos, expedientes disciplinarios o bases de datos de notarías y centros de conciliación.
Queda pendiente el resultado de la revisión técnica. También se espera que la cartera informe si se trató de un intento aislado o de una intrusión efectiva, y si se adoptarán medidas especiales mientras se esclarece lo sucedido. La denuncia, en sí misma, es el primer paso de un proceso que suele tomar varios días antes de arrojar conclusiones públicas.