Iván Cancino, anunciado como próximo ministro de Justicia del gobierno de Abelardo de la Espriella, se refirió al proyecto de megacárceles que forma parte de la agenda del nuevo gobierno. Según declaró, las nuevas prisiones se construirán con un enfoque moderno y bajo criterios de eficiencia en el gasto público, reportó Infobae.
El proyecto de megacárceles ha sido una de las propuestas centrales en la agenda de seguridad que Abelardo de la Espriella planteó durante su campaña a la Presidencia de Colombia. La iniciativa contempla la construcción de centros de reclusión de gran capacidad, pensados para concentrar y agilizar el procesamiento de personas privadas de la libertad en un país con niveles históricos de hacinamiento carcelario.
Cancino aseguró que el diseño de los penales no implicará afectaciones a los derechos humanos de los reclusos. La afirmación busca responder a las críticas que han surgido frente a este tipo de infraestructuras en otros países de la región, donde organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado condiciones de aislamiento, restricciones al debido proceso y limitaciones a las garantías de defensa.
El abogado añadió que la ejecución del proyecto buscará el menor costo posible para el Estado, una prioridad fiscal que de entrada asume el equipo del nuevo gobierno. La combinación de velocidad de construcción, escala y contención del gasto público representa uno de los principales retos técnicos del plan, pues las megacárceles suelen requerir inversiones iniciales elevadas en terrenos, muros de contención, tecnología de vigilancia y servicios básicos.
En Colombia, la problemática del sistema carcelario ha sido un tema recurrente. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha reportado niveles críticos de hacinamiento en múltiples establecimientos a lo largo de los años, mientras que la Corte Constitucional ha dictado decenas de sentencias sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Cualquier nuevo proyecto de infraestructura carcelaria deberá articularse con ese marco normativo.
La construcción de megacárceles implica también un debate sobre el modelo de rehabilitación y reinserción social. Expertos en política criminal han señalado que los centros de alta capacidad tienden a limitar el acceso a programas educativos, laborales y de salud para los internos, lo que puede agravar las condiciones de reclusión y reducir las posibilidades de resocialización, uno de los fines constitucionales de la pena en Colombia.
Cancino no es la primera figura del nuevo gobierno que se refiere al sistema penitenciario. Desde la campaña, Abelardo de la Espriella vinculó la seguridad ciudadana con el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de la pena y con nuevas dotaciones de infraestructura. La llegada de Cancino al Ministerio de Justicia sugiere que ese eje será una de las prioridades tempranas de la administración.
Quedan pendientes varios elementos del plan que el equipo de gobierno deberá precisar en las próximas semanas. Entre ellos están la cantidad exacta de megacárceles que se construirían, las ubicaciones tentativas, el cronograma de obras, la fuente de financiación y los mecanismos de supervisión para verificar que la operación de los penales cumpla con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La ciudadanía, las autoridades territoriales y los organismos de control serán actores clave en el seguimiento del proyecto. Cualquier decisión sobre predios, licitaciones y diseños deberá pasar por procesos de contratación pública y, eventualmente, por controles de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, instancias que han sido especialmente activas frente al sistema carcelario.