El senador Iván Cepeda, reconocido opositor, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Según la publicación, el legislador aseguró que las recientes decisiones en materia de seguridad representan un riesgo para la democracia y los derechos humanos en Colombia. La denuncia fue recogida por el diario La Opinión.
Cepeda concentró sus críticas en tres ejes principales. El primero son los llamados bloques de seguridad, una figura que según el senador evoca los esquemas paramilitares que marcaron la historia reciente del país. El segundo punto es el regreso del Esmad, el escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional, cuya actuación en manifestaciones ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos durante años.
El tercer eje de la acusación es la construcción de megacárceles. Para el senador, este modelo de reclusión masiva reproduce lógicas de encierro sin enfoque de resocialización y profundiza la crisis carcelaria que arrastra Colombia. En conjunto, estas tres políticas configuran, en su lectura, lo que denominó un gobierno paramilitar.
La declaración se inscribe en una tradición de debate público sobre la seguridad en Colombia, un tema sensible por cuenta del conflicto armado interno y los procesos de justicia transicional que se desarrollan en el país. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han señalado en otras ocasiones los riesgos del uso desproporcionado de la fuerza en protesta social y las condiciones de hacinamiento en las cárceles colombianas.
El uso del término gobierno paramilitar tiene un peso histórico considerable en Colombia. La palabra paramilitar remite a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a décadas de violencia contra la población civil, cuya persecución ha sido eje de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por eso, según la lógica del senador, vincular al actual Ejecutivo con esa categoría implica una acusación de gravedad institucional.
Desde la perspectiva de Cepeda, el riesgo no es solo simbólico. El senador advierte que la combinación de fuerzas de seguridad con funciones ampliadas, cuerpos antidisturbios reactivatedos y políticas de encarcelamiento masivo puede traducirse en violaciones a los derechos humanos y en un debilitamiento del Estado de derecho. La denuncia, por tanto, busca poner el debate en el centro de la opinión pública.
Hasta el momento, según el extracto de la fuente, no se registran reacciones oficiales del gobierno de De la Espriella frente a estas declaraciones. La Opinión tampoco detalla pronunciamientos de otros sectores políticos o de organizaciones de derechos humanos sobre los señalamientos del senador, por lo que el debate queda abierto a nuevas reacciones en los próximos días.
Lo que sigue en el corto plazo es la respuesta del Ejecutivo y, posiblemente, de los partidos que respaldan al gobierno. La construcción de las megacárceles y la reactivación del Esmad son decisiones que requieren desarrollo normativo y operativo, lo que abre espacios para el control político en el Congreso y para la intervención de la Corte Constitucional y la Procuraduría, si algún ciudadano o entidad considera que se afectan derechos fundamentales.