Según la Agencia de Periodismo Investigativo, el senador Iván Cepeda anunció públicamente su intención de convocar y promover acciones de desobediencia civil frente al gobierno que encabezará el presidente electo Abelardo de la Espriella. La declaración marca el primer pronunciamiento formal de un líder visible de la oposición contra el nuevo Ejecutivo antes de su posesión.
Cepeda es uno de los rostros más conocidos de la oposición colombiana en el Congreso y ha ocupado un papel central como investigador de hechos relacionados con grupos armados ilegales y con sectores del paramilitarismo. Su figura cobró relevancia nacional tras la investigación que salpicó al expediente del exsenador Álvaro Uribe Vélez. Esa trayectoria lo posiciona como uno de los voceros naturales del bloque que no respaldó la candidatura que ganó las elecciones.
La desobediencia civil, como figura política, ha sido utilizada en Colombia en distintos momentos de su historia reciente, desde el movimiento indígena y campesino contra políticas de tierra hasta acciones colectivas frente a decisiones del Ejecutivo. Jurídicamente, la Corte Constitucional ha reconocido que el desacato a una norma específica puede ser legítimo cuando se dirige a proteger derechos fundamentales, aunque también ha reiterado que ninguna persona está obligada a acatar una orden que desconozca la Constitución.
El anuncio llega mientras el país atraviesa el período de transición entre el gobierno saliente y el nuevo equipo que asumirá tras la posesión del presidente electo. En esas semanas se definen ministerios, hojas de ruta de reforma y los primerosactos administrativos del nuevo gobierno. La vocería de Cepeda añade un factor de presión política sobre ese calendario y sobre las bancadas parlamentarias que deberán tramitar los proyectos insignia del Ejecutivo entrante.
Desde la oposición, la estrategia descrita busca activar a organizaciones sociales, centrales obreras y movimientos ciudadanos para organizar formas de protesta coordinadas. Entre los formatos que suelen mencionarse en estos contextos están paros, marchas, tomas pacíficas y bloqueos de vías, herramientas que en el pasado reciente han derivado tanto en acuerdos con el gobierno como en choques con la fuerza pública.
La reacción del gobierno electo aún no se conoce con detalle a través de un comunicado oficial. Lo esperable, según la práctica política, es que el nuevo equipo responda con un llamado al diálogo institucional y, al mismo tiempo, con la advertencia de que las vías de hecho serán atendidas conforme a la ley. En ese escenario, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería suelen mediar entre los organizadores y las autoridades locales.
La decisión de Cepeda se inscribe en una tradición de oposición dura frente a gobiernos con los que la bancada ha tenido diferencias marcadas. Ejemplos como la Minga indígena de 2019, los paros del paro nacional de 2021 y otras jornadas previas ilustran cómo la desobediencia civil ha sido una herramienta recurrente del repertorio de protesta en el país, con resultados mixtos para quienes la impulsan y para los gobiernos que la enfrentan.
Qué sigue ahora es la parte central del debate. La oposición deberá traducir el anuncio en una agenda concreta de movilización con fechas, regiones y demandas específicas. El gobierno electo, por su parte, tendrá que decidir si opta por una salida negociada en los puntos en los que sea posible, o si responde con un mensaje de firmeza y apego al orden institucional. La ciudadanía observará si la tensión se traduce en hechos en las calles o si queda como un pronunciamiento político de alto voltaje, sin acciones inmediatas.