El senador Iván Cepeda, figura del Pacto Histórico, lanzó duras críticas a la política de seguridad y de lucha contra el narcotráfico del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, calificó la estrategia oficial como “la perpetuación del desastre” y aseguró que se apoya en un esquema que ya está “agotado”.
Cepeda señaló de manera específica tres pilares que, a su juicio, concentran la política oficial: los bombardeos, las fumigaciones y la represión. Según el senador, ese enfoque no ha logrado reducir de manera sostenida el tráfico de drogas ni los indicadores de violencia asociados, por lo que llamó a revisar de fondo la estrategia.
El legislador también pidió discutir “alternativas estructurales” frente al problema de las drogas ilícitas. En su lectura, insistir en las mismas herramientas de décadas pasadas reproduce los mismos resultados y deja intactas las economías criminales que se mueven en torno al narcotráfico.
La crítica se enmarca en un debate más amplio sobre el rumbo de la seguridad en Colombia. El país arrastra décadas de políticas antinarcóticos que combinan interdicción, erradicación de cultivos y acciones militares, con resultados discutidos tanto en términos de producción de cocaína como de afectación a las comunidades rurales.
Para Cepeda, el problema va más allá de la eficacia operativa. Su argumento apunta a que la política de drogas incide en la seguridad territorial, en la presencia de grupos armados y en la violencia que golpea a municipios y regiones donde el Estado tiene presencia limitada.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores de oposición sobre cómo enfrentar la criminalidad organizada, el financiamiento de grupos armados y la sustitución de economías ilícitas. El Pacto Histórico ha sido uno de los partidos más vocales en cuestionar el énfasis militar de la estrategia de seguridad.
La postura del senador también reabre el debate sobre las alternativas a la fumigación con glifosato y a los bombardeos. Distintos sectores han planteado durante años la necesidad de avanzar en programas de sustitución voluntaria, desarrollo rural, judicialización de las redes de lavado y articulación internacional, como complemento a las acciones de fuerza.
En el plano institucional, el pedido de Cepeda se traduce en un llamado al Congreso y al Gobierno a evaluar de manera pública los resultados de la estrategia vigente. El senador ha sido partidario de que la discusión sobre drogas se desligue del enfoque exclusivamente punitivo.
Por ahora, el Gobierno de De la Espriella no ha respondido de manera pública a las críticas del senador, según lo recogido en el reporte de Infobae. Queda pendiente conocer la posición oficial frente al pedido de abrir una conversación sobre alternativas estructurales al esquema actual de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
La intervención de Cepeda deja planteada una pregunta central para el debate público: si Colombia debe mantener el mismo modelo antinarcóticos de las últimas décadas o si es momento de reformularlo con políticas que ataquen las causas económicas, sociales e institucionales del negocio de las drogas.