Cepeda planteó tres condiciones explícitas para aceptar una eventual posesión de De la Espriella: la renuncia a la ciudadanía estadounidense, la aclaración de sus vínculos con agencias de ese país y una garantía de respeto a la soberanía nacional. La declaración la hizo en un pronunciamiento recogido por RTVC Noticias, en el marco del debate público sobre las relaciones del próximo gobierno con Washington.
El senador también convocó a la desobediencia civil y pacífica como herramienta de presión si esas condiciones no se cumplen. Según la fuente, el llamado se dirige a la ciudadanía y a los movimientos sociales que, en su criterio, deben defender las instituciones frente a lo que considera una subordinación a un gobierno extranjero.
El planteamiento ocurre en medio de la transición hacia la posesión presidencial de De la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026. La discusión sobre la doble nacionalidad del presidente electo ha sido un eje recurrente de la campaña y de las primeras reacciones políticas tras el resultado electoral.
De la Espriella no ha respondido de forma pública a las condiciones de Cepeda, según la nota de RTVC. Hasta el cierre de esa información, su equipo de prensa no se había pronunciado sobre el llamado a la desobediencia civil ni sobre la exigencia de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
Para los analistas políticos consultados por distintos medios, la doble nacionalidad no es un impedimento legal para ejercer la presidencia en Colombia, ya que la Constitución solo exige ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio. El debate, entonces, se centra en un terreno ético y político, no jurídico.
En el Congreso, la postura de Cepeda abre un frente de tensión con el gobierno entrante. Otros sectores han pedido que el presidente electo aclare públicamente sus vínculos con agencias y ciudadanos estadounidenses, sin llegar al extremo de convocar acciones de protesta. La forma en que De la Espriella responda a estos cuestionamientos marcará el tono del inicio de su mandato.
Para la ciudadanía, el llamado a la desobediencia civil tiene implicaciones directas. Si se materializa, podría traducirse en marchas, paros sectoriales o bloqueo de vías, con el consecuente impacto en la movilidad, la economía y la seguridad en distintas regiones del país. Organismos de derechos humanos recomiendan que cualquier protesta se enmarque en los protocolos legales.
El episodio deja abierta la pregunta sobre cuál será la línea de relacionamiento del nuevo gobierno con Estados Unidos. La embajada de ese país en Bogotá no se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Cepeda, aunque en otras ocasiones ha reiterado su respeto a la soberanía de los Estados donde coopera en materia de seguridad y antinarcóticos.
En los próximos días se esperan nuevas reacciones del gobierno electo, del Congreso y de las organizaciones sociales. La posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 aparece como la fecha clave en la que el país conocerá la postura oficial de De la Espriella frente a los cuestionamientos planteados por Cepeda.