El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hizo pública una solicitud al presidente electo Abelardo de la Espriella: que renuncie a su ciudadanía de Estados Unidos antes de asumir la jefatura del Estado colombiano. La petición se produce en el tramo final del proceso de transición, según reporta El Heraldo.
Cepeda, quien compitió por la Presidencia en el reciente ciclo electoral, también anunció que ejercerá como líder de la oposición frente al Gobierno que empezará funciones. En sus declaraciones, afirmó que emprenderá lo que denominó el camino de la desobediencia civil pacífica como mecanismo de veeduría y presión política.
El debate sobre la doble ciudadanía no es nuevo en Colombia. La Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano establecen requisitos y restricciones para acceder y permanecer en cargos de elección popular, y la posesión de otra nacionalidad ha sido motivo de discusión pública en pasadas contiendas electorales. El alcance exacto de esas restricciones depende del cargo y de las normas vigentes, según recuerdan constitucionalistas consultados en distintas oportunidades.
La solicitud de Cepeda añade un elemento de tensión al inicio del nuevo periodo presidencial. En Colombia, el jefe de Estado debe reunir una serie de condiciones al momento de su posesión, y cualquier cuestionamiento sobre su situación de nacionalidad puede derivar en análisis jurídico por parte de los organismos competentes y en pronunciamientos de los partidos políticos.
Para la ciudadanía, el episodio reabre preguntas concretas: ¿qué implicaciones tiene para un presidente poseer otra ciudadanía?, ¿qué dice la ley sobre las incompatibilidades y los requisitos de idoneidad?, y ¿qué mecanismos existen para verificar la situación de nacionalidad de quien asume la Presidencia? Estas dudas suelen resolverse con base en la Constitución, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de las altas cortes.
La figura de la desobediencia civil pacífica invocada por Cepeda tiene antecedentes en la historia política colombiana. Movimientos sociales, estudiantiles y sindicales han recurrido a este tipo de convocatorias para expresar rechazo a decisiones de Gobierno, diferenciándolas de acciones que impliquen violencia. Su uso por parte de un excandidato presidencial marca un tono de confrontación política desde el inicio del nuevo mandato.
Desde el Gobierno electo aún no se conoce una respuesta oficial a la solicitud de Cepeda. La transición entre el Gobierno saliente y el entrante avanza en medio del calendario institucional previsto, mientras distintos sectores aguardan pronunciamientos sobre la situación de nacionalidad del presidente y sobre la estrategia de oposición declarada por el excandidato del Pacto Histórico.
Quedan pendientes varios puntos: la reacción formal del nuevo Gobierno a la petición de Cepeda, la posición de los organismos de control y de la Registraduría frente a la doble nacionalidad, y la forma concreta que tomará la anunciada desobediencia civil pacífica. El desarrollo de estos temas marcará el pulso político de las primeras semanas del nuevo mandato.