El senador Iván Cepeda lanzó una dura advertencia sobre la política de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, recogidas por CAMBIO Colombia, aseguró que se está configurando un gobierno paramilitar. La frase se convirtió de inmediato en el centro del debate político nacional.
El senador apuntó directamente contra los bloques de seguridad, una figura que ha sido presentada por el Ejecutivo como una herramienta para enfrentar organizaciones criminales en zonas rurales y urbanas con alta conflictividad. Según Cepeda, este esquema se mueve por fuera de la cadena de mando de la fuerza pública y rompe los controles institucionales existentes.
Los bloques de seguridad hacen parte de la estrategia de orden público del gobierno de De la Espriella. La administración los ha propuesto como una respuesta a la expansión de grupos armados ilegales y a la persistencia de economías ilícitas en distintas regiones del país. La iniciativa ha sido defendida por el Ejecutivo como un instrumento complementario a la labor de la Policía y las Fuerzas Militares.
Cepeda cuestionó la naturaleza de esos bloques y su relación con la legalidad. En su lectura, la conformación de estructuras armadas bajo coordinación estatal, pero sin pertenencia formal a las Fuerzas Armadas, debilita el monopolio de la fuerza que la Constitución le asigna al Estado. Esa objeción es la base de su denuncia de una arquitectura paramilitar.
La acusación de paramilitarismo reabre un capítulo sensible para Colombia. El país cargó durante décadas con el peso de las Autodefensas Unidas de Colombia y de otras organizaciones paramilitares, cuyo accionar dejó masacres, desplazamientos y vínculos con sectores políticos y económicos. Cualquier referencia a ese fenómeno activa de inmediato alertas en la sociedad y en la comunidad internacional.
Para la oposición, la discusión de fondo es quién controla la seguridad y bajo qué reglas. El senador Cepeda pidió al Ejecutivo que aclare si los integrantes de estos bloques responden a mandos militares, a civiles o a terceros, y exigió al Congreso abrir un debate formal sobre el marco legal de la estrategia. El gobierno, por ahora, no ha respondido de manera pública a cada uno de esos puntos.
El pronunciamiento también pone en el centro a las víctimas. Organizaciones de derechos humanos han pedido en otras oportunidades que cualquier nueva figura de seguridad respete los protocolos de la Fuerza Pública y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La preocupación gira en torno a posibles riesgos de abuso, señalamientos y falta de control judicial sobre las actuaciones de estos grupos.
En el plano político, la declaración de Cepeda anticipa una pulseada con el gobierno en el Legislativo y en la opinión pública. La bancada oficialista sostiene que la estrategia busca proteger a comunidades afectadas por la violencia y que opera dentro de la ley. La oposición, en voz del senador, insiste en que sin garantías claras se repite un patrón que Colombia ya vivió con dolor.