El senador Iván Cepeda, figura central de la oposición colombiana, fijó posición pública sobre las primeras decisiones en materia de seguridad del gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella. El pronunciamiento se produjo después de que el presidente electo diera a conocer varias líneas de su política de orden público, según reportó el diario El País.
Cepeda concentró sus críticas en tres ejes. El primero son los bloques de seguridad urbanos, concebidos como unidades especializadas para intervenir en ciudades con altos índices de criminalidad. Para el senador, este tipo de dispositivos concentran funciones de policía y de fuerza en un solo cuerpo, lo que reduce los controles institucionales sobre el uso de la fuerza.
El segundo punto de rechazo es el regreso del Esmad, el escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional. Cepeda recordó que este escuadrón ha sido objeto de cuestionamientos por su actuación en protestas sociales y por episodios documentados de uso excesivo de la fuerza. Su restitución, según dijo, abre un frente de tensión con sectores que piden su disolución o reforma profunda.
La tercera línea objetada es el plan de megacárceles. Aunque la política de encarcelamiento masivo se ha promovido en otros países de la región como herramienta contra el crimen organizado, organizaciones de derechos humanos y expertos en política penitenciaria han señalado que estos recintos suelen presentar problemas de hacinamiento, condiciones dignas y acceso a la rehabilitación.
El senador resumió su lectura con una frase de alto voltaje político: "Se está configurando un gobierno paramilitar". La declaración, recogida por El País, busca alertar a la opinión pública y a los organismos de control sobre lo que, en su concepto, es una orientación autoritaria en el manejo de la seguridad y la protesta.
Las propuestas de De la Espriella se inscriben en un debate de larga data en Colombia sobre cómo responder a la violencia urbana, al narcotráfico y a la criminalidad organizada. La experiencia de las dos últimas décadas dejó lecciones sobre los riesgos de militarizar la seguridad ciudadana, así como sobre la necesidad de fortalecer la inteligencia, la investigación judicial y la presencia institucional en los territorios.
La discusión llega además en un momento sensible. Organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y gremios económicos suelen evaluar las políticas de seguridad no solo por su capacidad de reducir delitos, sino por su efecto sobre las libertades civiles, la protesta pacífica y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas y la Policía.
En el plano institucional, las medidas anunciadas deberán pasar por el Congreso de la República para temas como la creación de nuevos cuerpos de seguridad, la definición de protocolos de actuación y la asignación de presupuesto. También quedarán bajo la vigilancia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz, según corresponda a cada materia.
Cepeda anunció que su bancada acompañará el debate con proposiciones, audiencias públicas y solicitudes de información a los ministerios competentes. Al mismo tiempo, sectores afines al gobierno electo defienden que el paquete de seguridad responde a una demanda ciudadana de mayor firmeza frente a la criminalidad, argumento que ya ha sido esgrimido en otras coyunturas por distintos gobiernos en la región.
Quedan por definirse aspectos clave: la hoja de ruta para la puesta en marcha de los bloques urbanos, los criterios de actuación del Esmad bajo protocolos actualizados, el modelo de construcción y administración de las megacárceles, y el rol que tendrán los ministerios del Interior y de Defensa en la coordinación de estas políticas. Las próximas semanas serán determinantes para medir el alcance real del plan.