El senador Iván Cepeda, excandidato presidencial y una de las cabezas visibles del Pacto Histórico, encendió la alerta sobre el proyecto de estatuto antiterrorista que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según reseña la Revista Semana, el legislador cuestionó que la ciudadanía todavía no conozca los alcances del texto que, a su juicio, le daría al Ejecutivo un margen amplio de actuación.
El concepto central del pronunciamiento es la advertencia de que, con ese marco, el Gobierno “quedará con las manos libres”. La frase recoge el temor de Cepeda frente a una herramienta que, según su lectura, podría concentrar decisiones sensibles en materia de orden público sin suficientes controles visibles para la opinión pública.
El estatuto antiterrorista aparece en el debate público como una de las piezas pendientes dentro de la estrategia de seguridad del gobierno de De La Espriella. Aunque la discusión lleva semanas en sectores cercanos al Ejecutivo, los detalles del articulado no se han hecho públicos de manera integral, lo que ha abierto el flanco para críticas de diversos sectores políticos.
Cepeda, además de su rol en la oposición, preside una de las bancadas más relevantes del Congreso. Su voz suele pesar en los debates legislativos, en especial cuando se trata de normas que modifican el equilibrio entre facultades del Ejecutivo y garantías ciudadanas. Esa trayectoria le da peso a su advertencia, dirigida tanto al Gobierno como a los propios congresistas que deberán tramitar el estatuto.
La oposición al proyecto se inscribe en una preocupación más amplia que han expresado distintos actores: el riesgo de que herramientas antiterroristas terminen usándose contra movimientos sociales, protestas o liderazgos comunitarios. En Colombia, episodios recientes han generado dudas sobre los límites de la fuerza del Estado frente a la protesta, y cualquier iniciativa en esa materia reactiva el debate sobre los derechos civiles.
En lo institucional, el país cuenta con un andamiaje legal en seguridad que incluye normas ya existentes y herramientas vigentes para enfrentar organizaciones armadas y delitos graves. Por eso, la tarea de explicar en qué se diferencia este nuevo estatuto, qué vacíos viene a llenar y qué controles tendría es una exigencia que distintos sectores le han planteado al Ejecutivo, incluso antes de la intervención de Cepeda.
En términos prácticos, la inquietud del senador apunta a los efectos que una norma de ese tipo puede tener sobre la vida cotidiana: la manera como se investigan delitos, las facultades de las fuerzas de seguridad, el manejo de inteligencia y los tiempos de retención, entre otros aspectos. Sin un texto conocido, indicó, queda poco margen para que la ciudadanía exija ajustes concretos.
Lo que sigue es la reacción del Gobierno a estos cuestionamientos y el curso del trámite en el Congreso. Sectores cercanos al Ejecutivo han defendido la necesidad de modernizar herramientas contra el terrorismo. Ahora, la presión crece para que se publique un borrador que permita una discusión técnica y política de cara a la ciudadanía.
Por ahora, la intervención de Cepeda deja una pregunta abierta sobre el grado de transparencia con el que se construirá esta política pública. La expectativa de diversos analistas es que el proceso se dé con acceso al texto, debate en comisiones y participación de la sociedad civil, en lugar de aprobarse con las garantías reducidas que advierte la oposición.