El diario El Tiempo publicó una investigación en la que chats y testimonios ubican al exasesor de la Casa de Nariño Jaime Ramírez Cobo en el centro del escándalo de la UNGRD. De acuerdo con la información divulgada, el exfuncionario habría tenido participación en el direccionamiento de contratos y en el presunto canje de votos de congresistas para respaldar proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó bajo la lupa nacional en 2023, cuando se conocieron denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos y la celebración de contratos cuestionados. Desde entonces, el expediente ha salpicado a funcionarios, contratistas y congresistas, y se ha convertido en uno de los casos de presunta corrupción con mayor cobertura en los últimos años en Colombia.
El reportaje periodístico recoge conversaciones y declaraciones que, según la fuente, comprometerían a Ramírez Cobo con maniobras de presión sobre legisladores a cambio de apoyo a iniciativas oficiales. El Tiempo no presentó hasta ahora una respuesta del exasesor en el extracto divulgado, y la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado formalmente su vinculación formal al proceso penal por el saqueo a la UNGRD.
El papel de la Fiscalía también entra en discusión. Sectores políticos y columnistas han cuestionado si la entidad avanza con el mismo ritmo contra todos los indiciados o si existen diferencias en el tratamiento, según el perfil o la cercanía de los investigados con el Gobierno. La publicación de El Tiempo reaviva esa pregunta en un momento en el que el expediente sigue abierto y con varios frentes de investigación activos.
Para la ciudadanía, el caso tiene repercusiones directas. La UNGRD administra recursos destinados a la atención de emergencias por inundaciones, deslizamientos y otras calamidades, por lo que las presuntas irregularidades afectan la confianza de las comunidades en la respuesta institucional frente a desastres. Organizaciones de control y veedurías han pedido transparencia sobre el destino de los contratos señalados en el escándalo.
En el Congreso, distintas bancadas han reclamado celeridad en las investigaciones y han promovido citaciones a los funcionarios mencionados en el expediente. El avance de las pesquisas se sigue con atención por la opinión pública, en la medida en que las acusaciones involucran presuntas presiones a legisladores, uno de los pilares de la actividad parlamentaria.
El expediente de la UNGRD es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en lo que respecta a funcionarios con fuero, mientras que la Fiscalía adelanta las indagaciones penales. El Tiempo plantea que la ausencia de acciones visibles contra Ramírez Cobo contrasta con lo actuado frente a otros nombres que sí han sido llamados a indagatoria o imputados en el mismo expediente.
Queda pendiente conocer la versión del exasesor y la decisión de la Fiscalía sobre si lo vincula formalmente al proceso. La publicación periodística abre una nueva línea informativa en un caso que sigue en curso y que, según han reconocido las propias autoridades, tomará tiempo en resolverse por la cantidad de personas y contratos involucrados.