Jaime Vives, recién designado como presidente de Coljuegos por el presidente Abelardo de la Espriella, enfrenta una denuncia penal por violencia intrafamiliar y violencia basada en género. La denuncia fue presentada por Marcela Dangond Fernández de Castro, su excompañera sentimental, según reportó Infobae.
En su relato, Dangond describe episodios concretos de agresión durante el matrimonio. Relató que Vives la tomó del pelo y la arrastró por la ducha, una escena que hace parte del expediente que ahora conoce la Fiscalía y que pone en el centro del debate la idoneidad del funcionario para ocupar la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
La denuncia quedó radicada apenas dos días después de que el nombramiento de Vives quedara en firme mediante una decisión presidencial. Ese cruce de fechas resulta determinante: mientras la Casa de Nariño oficializaba su designación al frente de Coljuegos, en los despachos del sistema penal comenzaba a tramitarse un caso que compromete al mismo funcionario en hechos de violencia contra su expareja.
Coljuegos es la entidad estatal responsable de autorizar, vigilar y controlar la operación de los juegos de suerte y azar, las apuestas y los rifas en el país. El presidente de la entidad tiene rango de alto directivo del Estado y sus decisiones afectan directamente el recaudo tributario asociado a esa industria, que alimenta el sistema de salud a través del IVA social y de salud a los juegos.
El caso reaviva un debate que el país ha venido enfrentando en los últimos años sobre los filtros de idoneidad moral en los nombramientos de altos cargos. Aunque la ley colombiana exige requisitos como título profesional y experiencia, los estándares de verificación sobre antecedentes por violencia intrafamiliar se han convertido en un tema sensible para los gobiernos, en la medida en que varias designaciones han tenido que ser reconsideradas tras revelarse denuncias de este tipo.
Para la opinión pública, la denuncia cambia el escenario político del nuevo director. Sectores que respaldaron el nombramiento de Vives ahora piden que la justicia actúe con celeridad, mientras que voces críticas cuestionan los mecanismos de selección dentro del equipo cercano al Gobierno nacional. La defensa del funcionario aún no se ha pronunciado de manera pública sobre los señalamientos de Dangond.
La Fiscalía General de la Nación deberá ahora evaluar la denuncia, practicar las pruebas solicitadas por la denunciante y escuchar la versión de Vives dentro del proceso penal. Mientras avanzan las investigaciones, la permanencia del directivo al frente de Coljuegos queda en entredicho, porque una decisión disciplinaria o judicial podría obligar al Gobierno a evaluar su continuidad en la entidad.
El episodio deja además una cuestión institucional por delante: si el nombramiento queda suspendido, revocado o se mantiene, dependerá del curso de la investigación y de las decisiones que adopten tanto la Fiscalía como la Casa de Nariño. Por ahora, la denuncia ya quedó en firme y forma parte del expediente público sobre el nuevo presidente de Coljuegos.