Fabio Valencia Cossio, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con alias Calarcá, reconoció este jueves el fracaso de esa mesa. La declaración se produjo en una jornada donde el funcionario expuso un balance del esquema actual frente a antecedentes previos de conversaciones con grupos armados.
Valencia Cossio comparó la situación actual con lo ocurrido en el proceso de La Habana, que terminó con la dejación de armas de las antiguas FARC. Esa experiencia es, hasta ahora, el único caso de desmovilización colectiva exitosa en la historia reciente del país y sirve como referencia obligada para medir cualquier intento posterior.
El dato que más llamó la atención fue el que expuso el jefe negociador. Tras la desmovilización de 11.500 personas en el proceso anterior, hoy existen 27.000 integrantes en distintos grupos armados ilegales, una cifra que duplica con creces la de quienes dejaron las armas.
Esa comparación apunta a una preocupación central del Gobierno: que las salidas negociadas no han reducido el universo de combatientes. Por el contrario, el crecimiento de las estructuras ilegales, entre disidencias, ELN y bandas criminales, ha superado los avances logrados en los acuerdos anteriores.
Sobre la mesa con Calarcá, Valencia Cossio fue directo. Dijo que el jefe guerrillero manifiesta que no negocia con este Gobierno ni entrega armas. Esa posición, según el funcionario, deja sin objeto la conversación y obliga a replantear la estrategia.
El pronunciamiento se inscribe en la política de paz total que el Ejecutivo promueve desde el inicio de su mandato. Esa estrategia plantea diálogos simultáneos con múltiples organizaciones armadas, pero los resultados han sido dispares y las críticas por la falta de avances han crecido en el Congreso y en los gremios.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene implicaciones directas. En zonas donde operan estos grupos, como el sur del Tolima, Cauca, Huila y Putumayo, la población civil queda a merced de la disputa armada sin un horizonte claro de protección. Alcaldes y gobernadores han reclamado resultados concretos.
Valencia Cossio no aclaró si el Gobierno abrirá una nueva fase de contactos o si optará por una ruta distinta. Lo que dejó sobre la mesa es que la actual mesa no avanza y que la negativa de Calarcá a entregar armas marca un punto de quiebre en la negociación.
El contraste con La Habana resulta inevitable. Aquel proceso contó con un marco internacional, garantes definidos y un cronograma verificable. La mesa con Calarcá, según reconoció el propio jefe negociador, no logró consolidar ninguno de esos elementos y terminó sin acuerdos.
Queda pendiente conocer los pasos del Ejecutivo. Sectores políticos y expertos en conflicto han pedido al Gobierno definir si continuará insistiendo en el diálogo o si reorientará sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la fuerza pública en las regiones afectadas.