Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, pidió hacer un balance de los avances en la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano antes de tomar decisiones sobre el futuro de 99 desmovilizados que permanecen en una Zona de Ubicación Temporal, según Infobae. La solicitud llegó en medio de un escenario de indefinición sobre la continuidad de las conversaciones.
Las Zonas de Ubicación Temporal son espacios definidos dentro de los procesos de diálogo con grupos armados. En ellas se concentran combatientes que entregan sus armas mientras avanzan las negociaciones políticas. La permanencia de desmovilizados en estas zonas depende, por lo general, del ritmo de los acuerdos y de las garantías ofrecidas por las partes.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una estructura que agrupa disidencias de antiguas guerrillas y que ha sostenido acercamientos formales con el Gobierno. Los diálogos con esta organización se inscriben en la política de paz total, una estrategia que busca negociar de manera simultánea con múltiples actores armados para reducir la violencia y atender las causas estructurales del conflicto.
La petición de evaluar los avances antes de definir el rumbo de los 99 desmovilizados introduce un elemento de cautela en la mesa. Novoa planteó la necesidad de revisar qué se ha logrado y qué obstáculos persisten, una práctica habitual en procesos de paz cuando las partes sienten que el ritmo se ha estancado o que existen riesgos de rompimiento.
El número de desmovilizados en la zona, 99 personas, es un dato clave porque mide el tamaño de la población cuya situación depende de las decisiones que se adopten. Su permanencia en la zona implica costos logísticos, de seguridad y de atención humanitaria, por lo que cualquier cambio de rumbo tiene efectos prácticos inmediatos para ellos y para las comunidades vecinas.
La incertidumbre expresada por el jefe negociador se suma a la de otros procesos de diálogo en Colombia, donde los avances suelen ser desiguales y dependen de factores como la cohesión interna de los grupos, la presión militar y la voluntad política del Gobierno de turno. En este caso, la evaluación previa al pronunciamiento sobre los desmovilizados puede entenderse como un intento por no comprometer posiciones sin un diagnóstico claro.
Para la ciudadanía, la noticia tiene dos lecturas directas. Por un lado, el proceso de paz afecta la seguridad de las regiones donde opera la Coordinadora y de los municipios cercanos a la Zona de Ubicación Temporal. Por otro, la continuidad de los desmovilizados en la zona depende de decisiones políticas que se tomarán en Bogotá, lo que recuerda que el futuro de la negociación se decide lejos de los territorios.
La fuente consultada, Infobae, reportó la declaración de Novoa como parte de su seguimiento al proceso de paz. Hasta el momento, no se conocieron pronunciamientos públicos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano sobre la solicitud de evaluación, ni detalles sobre el plazo que el Gobierno se daría para realizar ese balance.
Queda pendiente conocer el resultado de la evaluación que pidió Novoa, la decisión final sobre el destino de los 99 desmovilizados y si la mesa de diálogo continúa, se suspende o se replantea. Cada uno de estos pasos tendrá repercusiones en la seguridad regional, en la política de paz total y en la confianza de las comunidades que han vivido de cerca los efectos del conflicto armado.