El debate sobre el decreto que creó las Entidades Territoriales Indígenas subió de tono en la arena política nacional. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza salió al cruce de los señalamientos formulados por Enrique Gómez, quien tachó la medida de arriesgada y unilateral.
Según Infobae, Pedraza sostuvo que la creación y reglamentación de esas entidades no son un experimento político del presidente Gustavo Petro. La congresista argumentó que la figura responde a un mandato establecido en la propia Constitución y recordó que la Carta Política reconoce la diversidad étnica y cultural del país.
Las Entidades Territoriales Indígenas son una categoría contemplada en el ordenamiento colombiano para que pueblos indígenas puedan ejercer funciones de gobierno en sus territorios. Su desarrollo normativo ha sido motivo de controversia en distintos gobiernos, pues enfrenta el reto de armonizar la autonomía de los pueblos originarios con la organización territorial vigente.
En su respuesta, Pedraja pidió a Gómez que conozca la Constitución antes de descalificar la decisión. La representante también cuestionó lo que consideró una lectura selectiva del texto constitucional por parte de sectores que se oponen a la participación política de los grupos étnicos en los territorios que habitan.
Gómez, reconocido por su postura crítica frente a la administración Petro, había calificado el decreto como una decisión centralista que rompe el equilibrio entre la Nación y las regiones. Su posición se suma a la de otros voceros que temen que la nueva figura debilite la estructura de los municipios y departamentos ya existentes.
El cruce de declaraciones ocurre en un momento en que el Gobierno defiende la consulta previa como eje de su relacionamiento con los pueblos indígenas. Sectores oficialistas insisten en que el decreto fortalece la representación efectiva de comunidades que han sido históricamente marginadas de las decisiones sobre sus territorios.
La discusión también toca un punto sensible para las zonas con fuerte presencia indígena, donde la delimitación de competencias entre cabildos, alcaldías y gobernaciones ha generado tensiones durante décadas. La reglamentación define cómo se distribuirán recursos, servicios y funciones entre las nuevas entidades y los municipios colindantes.
Organizaciones indígenas consultadas en distintos episodios previos han reclamado que el reconocimiento territorial es una deuda histórica del Estado colombiano. En su visión, las Entidades Territoriales Indígenas son una herramienta para que sus autoridades propias puedan planificar obras, educación y salud con criterios culturalmente adecuados.
Mientras el Ejecutivo defiende la legalidad del decreto y avanza en su implementación, críticos como Gómez anticipan que acudirán a instancias judiciales para frenar su aplicación. El pulso entre quienes apoyan la medida y quienes la consideran inconstitucional marcará la agenda política y territorial de los próximos meses.
Por ahora, la discusión quedó planteada en el Congreso y en la opinión pública: para Pedraza, la medida se sostiene en la Constitución; para Gómez, la extralimita. La definición final sobre su alcance llegará con los fallos de los tribunales competentes y con la forma en que las comunidades indígenas la hagan valer en sus territorios.