La Jurisdicción Especial para la Paz extendió una invitación al presidente electo Abelardo De la Espriella para sostener un encuentro institucional. Según la información publicada por El Heraldo, la JEP busca presentar los resultados alcanzados durante su funcionamiento antes del inicio del nuevo gobierno.
El llamado se produce luego de que el mandatario electo anunciara el cierre de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz y la eliminación del cargo de Comisionado para la Paz dentro de su esquema institucional. Ambos componentes hacen parte del andamiaje creado tras los acuerdos firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo Final. Su mandato se centra en investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado.
El tribunal opera como una jurisdicción transitoria con funciones específicas sobre actores del conflicto, incluyendo excombatientes de las Farc, agentes del Estado y terceros civiles. Su labor se articula con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, organismos que también integran el sistema.
La reunión solicitada por la JEP se inscribe en una práctica habitual de transición de mando, en la que los organismos del Estado presentan al presidente electo los informes de gestión, los avances y los retos pendientes. Este tipo de encuentros facilita la entrega ordenada de información sobre programas y procesos en curso.
El cierre anunciado de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final plantea interrogantes sobre el seguimiento a los compromisos pendientes del Acuerdo de Paz, cuya ejecución ha sido objeto de debates durante los últimos años. La unidad había sido creada como una dependencia de la Presidencia para coordinar la implementación de lo pactado.
La supresión del cargo de Comisionado para la Paz implica un rediseño de la figura mediadora entre el Gobierno y distintos actores armados o sociales. A lo largo de las últimas décadas, este despacho ha tenido un rol variable según la estrategia de cada administración frente a los grupos armados y los procesos de diálogo.
La invitación de la JEP sugiere la voluntad del tribunal de garantizar que el nuevo gobierno conozca de primera mano los expedientes, las decisiones y lascomparecencias en curso. Para las víctimas del conflicto, el funcionamiento de esta jurisdicción constituye un componente central de las garantías de verdad, justicia y reparación.
Queda por definir la fecha y el formato del encuentro, así como la respuesta formal del equipo del presidente electo a esta solicitud. El resultado de esa reunión podría ser clave para entender cómo se articulará la relación entre el gobierno entrante y los organismos del sistema de justicia transicional.