La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó al recién posesionado ministro de Justicia reactivar la mesa de articulación institucional que conecta al tribunal transicional con las entidades del Estado colombiano. La presidenta de la JEP, Alexandra Sandoval Ramelli, elevó el pedido durante los primeros contactos con el nuevo jefe de la cartera de Justicia, según informó La FM.
La solicitud gira en torno a la INSART, una instancia creada para coordinar entre la JEP, ministerios, agencias del Estado y organizaciones la ejecución de los proyectos reparadores impuestos en las sanciones propias y alternativas. Sin esa mesa en funcionamiento, los comparecientes que ya recibieron condena del tribunal no encuentran canal operativo para empezar a ejecutar las obras comunitarias, los planes de reparación colectiva ni los proyectos ambientales ordenados en los fallos.
Las sanciones restaurativas son el eje del modelo de justicia transicional acordado en el Acuerdo Final de Paz de 2016. A diferencia de las sanciones ordinarias, estas penas se centran en reparar el daño causado a las víctimas y a comunidades enteras mediante trabajo comunitario, aporte a la verdad plena y ejecución de proyectos que mitiguen los impactos del conflicto armado interno.
La JEP ha venido emitiendo resoluciones y sentencias que imponen obligaciones concretas a entidades del orden nacional y territorial. Sin la coordinación interinstitucional, la materialización de esas decisiones depende de la voluntad de cada dependencia, lo que ha generado retrasos en la ejecución y frustración entre las víctimas que esperan reparación efectiva.
Pedir al nuevo ministro reactivar la INSART también responde a la necesidad de asegurar presupuesto. Las sanciones restaurativas requieren partidas específicas para financiar los proyectos que los comparecientes deben ejecutar, y la articulación con el Ministerio de Hacienda y las entidades territoriales resulta indispensable para que esos recursos lleguen a las regiones priorizadas.
Otro frente sensible es la articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La JEP depende de varias entidades para localizar fosas, exhumar restos y entregar los cuerpos a los familiares, tareas que también requieren coordinación permanente con la rama ejecutiva.
Desde el inicio de su gestión, Sandoval Ramelli ha subrayado que el éxito de la justicia transicional depende del compromiso del conjunto del Estado y no solo de los magistrados del tribunal. Por eso insiste en que las sanciones no queden en papel y que los proyectos reparadores cuenten con el acompañamiento técnico y financiero del Gobierno nacional.
En el contexto del cambio de gabinete, el llamado de la JEP funciona como una señal de cuáles son las prioridades pendientes en la agenda de justicia transicional. El nuevo ministro de Justicia recibe así una hoja de ruta concreta, centrada en garantizar que las sanciones restaurativas salgan de los fallos judiciales y se traduzcan en obras visibles para las comunidades afectadas por el conflicto.