La Jurisdicción Especial para la Paz respondió a la iniciativa del senador Enrique Gómez Martínez, apoyada por el presidente Abelardo de la Espriella, que busca reducir el presupuesto asignado a ese organismo de justicia transicional. Según la fuente, el anuncio de la JEP se produjo luego de que la propuesta tomara fuerza en el debate público.
La JEP advirtió que un recorte presupuestal pondría en riesgo las garantías a las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes ante ese tribunal. El organismo consideró que sus funciones requieren los recursos actualmente asignados para operar los macrocasos y resolver las situaciones jurídicas pendientes.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su misión es juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, tanto por exintegrantes de esa guerrilla como por agentes del Estado.
El presupuesto de la JEP se discute cada año en el Congreso de la República como parte del Presupuesto General de la Nación. Las bancadas parlamentarias pueden presentar proposiciones de reducción o modificación, que luego se votan en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara.
El senador Enrique Gómez Martínez es conocido por su postura crítica frente al proceso de paz con las FARC y ha sido insistente en cuestionar el funcionamiento y los recursos de la justicia transicional. Su propuesta se suma a otros intentos legislativos que buscan modificar el acuerdo firmado en La Habana.
El respaldo del presidente Abelardo de la Espriella a esta iniciativa marca un punto de tensión con el sistema de justicia transicional. El primer año de su mandato, según el extracto, ha incluido pronunciamientos sobre temas estructurales del Acuerdo de Paz, lo que mantiene la discusión abierta sobre los límites de la implementación.
Para las víctimas del conflicto, la JEP es el escenario donde esperan verdad y reparación. Según el extracto, el organismo argumenta que un recorte afectaría la atención a quienes llevan años esperando decisiones judiciales, así como la situación de miles de comparecientes que entregaron sus versiones dentro del proceso.
La discusión queda abierta en el Congreso. La JEP, por su parte, pidió que se consideren las implicaciones de cualquier recorte sobre los compromisos adquiridos con las víctimas y con la comunidad internacional que acompaña el proceso de implementación del acuerdo, entre ellos la Misión de Verificación de la ONU.