El ministro de Hacienda saliente, José Manuel Restrepo, encendió una alarma técnica sobre el futuro del programa Colombia Mayor, según registró Infobae. Aseguró que el esquema carece de los recursos necesarios para cumplir los compromisos adquiridos y advirtió que la ampliación prometida por el nuevo gobierno no cuenta con un origen claro de fondos.
Restrepo no se limitó a denunciar el hueco fiscal. En sus declaraciones también respaldó la promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella de expandir la cobertura del programa, que entrega transferencias monetarias a adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Como salida concreta, el ministro saliente señaló que la única vía rápida para conseguir esos recursos es la aprobación de la reforma pensional, iniciativa que la Corte Constitucional mantiene suspendida mientras resuelve una demanda que cuestiona varios de sus artículos.
El jefe de Estado saliente, Gustavo Petro, reaccionó con una recomendación pública al nuevo gobernante. Aunque no se pronunció sobre la viabilidad financiera del programa, pidió a De la Espriella evaluar con cuidado los efectos de cualquier decisión sobre el sistema pensional antes de adoptar medidas que comprometan a las próximas décadas.
Colombia Mayor funciona como uno de los principales instrumentos de protección social para los adultos mayores que no alcanzan a acceder a una pensión. En la práctica, se traduce en un giro periódico a personas mayores de 65 años que cumplen criterios de focalización del Departamento de Prosperidad Social.
El problema de fondo que plantea Restrepo es de origen presupuestal. Si el programa mantiene su cobertura actual sin una fuente nueva de ingresos, el faltante comprometería los pagos en próximos periodos. Esa es la razón por la que el exministro descartó dos caminos tradicionales: emitir deuda pública o gravar a los sectores de menor ingreso.
La reforma pensional, en ese contexto, aparece como la llave que destrabaría el financiamiento. El sistema actual combina un componente de ahorro individual con un componente público administrado por Colpensiones, y la reforma propone unificar y ampliar la cobertura bajo reglas de solidaridad entre generaciones.
La suspensión ordenada por la Corte Constitucional impide que la reforma entre en vigencia mientras los magistrados estudian su constitucionalidad. Ese vacío jurídico deja al nuevo gobierno sin una herramienta lista para canalizar recursos hacia Colombia Mayor y, al mismo tiempo, con una promesa electoral que debe cumplir.
Para los adultos mayores beneficiarios, la discusión tiene un efecto directo. Cualquier decisión sobre el ritmo de pagos, los requisitos de entrada o la cobertura dependerá del mecanismo que el gobierno de De la Espriella elija para conseguir los recursos, y ese mecanismo aún no está definido.
Quedan entonces varios frentes abiertos. El nuevo gobierno deberá decidir si espera el fallo de la Corte sobre la reforma pensional, si impulsa una alternativa legislativa distinta o si rediseña el programa con ajustes en focalización y montos. Mientras tanto, la advertencia de Restrepo deja planteada una pregunta central: cómo expandir la protección social sin comprometer la sostenibilidad fiscal.