José Manuel Restrepo, vicepresidente electo para el gobierno de Abelardo De la Espriella, aseguró ante El Cronista que su equipo ya radicó una denuncia penal por la forma como se habría manejado la política de Paz Total durante la administración de Gustavo Petro. La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, según confirmó el propio Restrepo.
La revelación se produjo en el marco del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el equipo entrante. En esas mesas de transición se revisan cifras, contratos, estados de los programas y la situación de las distintas entidades del Estado. Restrepo indicó que, en ese ejercicio, su equipo encontró elementos que considerarían irregulares sobre la Paz Total, la estrategia bandera del Gobierno Petro para avanzar en diálogos con grupos armados y organizaciones criminales.
La política de Paz Total fue lanzada en 2022 como el marco principal del Gobierno Petro para intentar negociar simultáneamente con el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otras estructuras. El modelo incluyó el uso de figuras como la suspensión de órdenes de captura, la aplicación de la ley 2272 de 2022 y la exploración de acercamientos con grupos que han sido cuestionados por sus vínculos con economías ilegales.
Restrepo no reveló públicamente los nombres de los denunciados ni los delitos específicos contenidos en la denuncia, ya que el expediente se encuentra en reserva. Sin embargo, su anuncio abre un nuevo capítulo en la transición, que de por sí venía marcada por señalamientos cruzados entre el gobierno de Petro y el equipo de De la Espriella sobre el estado real de las cuentas y los programas en marcha.
El proceso de empalme en Colombia suele ser una instancia técnica, en la que cada cartera entrega un balance al equipo entrante. En esta oportunidad, el equipo de De la Espriella ha sostenido que la transición ha sido difícil, con información incompleta y demoras en la entrega de datos por parte de varias entidades oficiales.
El anuncio de la denuncia penal agrega una dimensión judicial a un empalme que ya tenía fuertes cuestionamientos políticos. Si la Fiscalía decide abrir investigación formal, las decisiones que se adopten podrían afectar tanto a exfuncionarios del gobierno saliente como a gestores de la política de Paz Total que aún se encuentren en funciones.
Desde la óptica ciudadana, la situación tiene implicaciones directas. La Paz Total ha sido eje de la estrategia de seguridad del actual gobierno y de los acercamientos con comunidades en zonas de conflicto. Cualquier irregularidad comprobada en su manejo podría traducirse en investigaciones, sanciones o ajustes de fondo a esa política, con efectos sobre los territorios donde opera.
Por ahora, resta esperar que las autoridades informen si la denuncia fue admitida y qué líneas investigativas se abren. El equipo entrante, en cabeza de Restrepo, dejó en claro que su intención es que estos hechos sean esclarecidos dentro del debido proceso y no en la arena política.