Juan Fernando Cristo, presidente del partido En Marcha y ex Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuestionó los ajustes en la política de paz anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella. Según el reporte de Infobae, Cristo aseguró que con esas decisiones "comienza el desmonte de la institucionalidad" construida en torno al proceso de paz.
Cristo señaló que los cambios pueden afectar compromisos ya asumidos por el Estado colombiano en el marco de los acuerdos firmados con las FARC en 2016. Advirtió, además, que las modificaciones pueden generar consecuencias directas en los procesos de reincorporación de excombatientes, uno de los puntos más sensibles del Acuerdo Final.
El pronunciamiento se inscribe en un debate nacional sobre el rumbo de la implementación de los acuerdos de paz. Sectores políticos, organizaciones de víctimas y entidades internacionales han advertido en distintas ocasiones que cualquier giro en la política de reincorporación puede poner en riesgo la estabilidad de los espacios territoriales donde hoy se concentra buena parte de los exintegrantes de las FARC en proceso de reincorporación.
La reincorporación económica, social y política de los excombatientes es uno de los pilares del Acuerdo Final. Comprende desde la entrega de tierras y proyectos productivos hasta el acceso a salud, educación y vivienda, y depende de un entramado institucional que involucra a la Agencia para la Reincorporación Normalización (ARN), la Unidad de Implementación del Acuerdo y la Consejería Presidencial para la Estabilización.
Para los defensores del proceso, el desmonte o debilitamiento de esa arquitectura institucional pondría en riesgo los avances logrados en casi una década de implementación. Argumentan que miles de excombatientes han avanzado en su tránsito a la legalidad gracias a la presencia del Estado en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
Desde la postura crítica de Cristo, la preocupación central es que los anuncios recientes puedan traducirse en una reducción de la presencia estatal en esos territorios, lo que afectaría no solo a los excombatientes sino a las comunidades que habitan esas zonas y que durante años han dependido de programas asociados al proceso de paz.
En el ámbito político, las declaraciones de Cristo se producen en un momento en que el partido En Marcha busca reposicionarse como una de las fuerzas vinculadas al proceso de paz. Su líder ha sido uno de los voceros más visibles del acuerdo firmado en La Habana y ha mantenido su defensa pública de la implementación integral.
Por ahora, el Gobierno nacional no ha respondido de manera detallada a los cuestionamientos de Cristo. La atención se centra en conocer el contenido exacto de los cambios anunciados por el presidente De la Espriella y en medir el efecto que puedan tener tanto en las comunidades receptoras como en los organismos internacionales que acompañan la implementación.
El debate deja abierta una pregunta central: cómo avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final sin poner en riesgo los compromisos ya adquiridos. La respuesta, según el sector encabezado por Cristo, requiere mantener la institucionalidad creada para tal fin.