El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el futuro del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. Según Infobae, pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella que mantenga la implementación como una política de Estado, por encima de los cambios de administración.
El llamado se produce en un momento sensible para el proceso. La implementación ha avanzado por más de ocho años, con resultados desiguales en temas como la reincorporación de excombatientes, la entrega de tierras a campesinos y la presencia del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Santos también aprovechó para responder a señalamientos sobre la situación de seguridad durante su gobierno. Negó esas acusaciones sin rodeos, en declaraciones recogidas por Infobae, y calificó como absolutamente falso que la implementación del acuerdo haya generado un aumento de la violencia.
El contraste entre el desmonte de lo acordado y la continuidad que propone Santos es uno de los ejes del debate. Sectores cercanos al proceso han advertido que retroceder en puntos clave pone en riesgo los avances en desmovilización, Justicia Especial para la Paz y garantías de seguridad para excombatientes.
Para los ciudadanos, lo que se decida sobre el acuerdo tiene efectos directos. La finalización de la implementación podría modificar la presencia institucional en más de 170 municipios priorizados, donde confluyen programas de sustitución de cultivos, reparación a víctimas y proyectos productivos para exintegrantes de las FARC.
La petición de Santos se suma a la presión de organizaciones internacionales y de países garantes, como Cuba y Noruega, que han insistido en mantener los compromisos. También coinciden con voces del ámbito académico que defienden el acuerdo como un marco válido para la construcción de paz.
En el gobierno entrante aún no se conoce una posición oficial detallada sobre cada uno de los puntos del acuerdo. Lo que se sabe hasta ahora es que la transición se encuentra en curso y que las primeras decisiones sobre el ritmo de la implementación se esperan para las próximas semanas.
Queda por ver cómo responderá Abelardo de la Espriella al llamado de Santos. Su gobierno tendrá que definir si la implementación sigue el rumbo trazado o si introduce ajustes, en un debate donde coinciden víctimas, excombatientes, fuerzas políticas y la comunidad internacional.