Un juez colombiano le ordenó al Ministerio de Defensa entregar la información sobre los vuelos realizados por el presidente Abelardo de la Espriella, según reportó Noticias Caracol. La decisión se conoce después de que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) reportara datos puntuales sobre esas operaciones aéreas.
De acuerdo con la fuente, entre los registros entregados por la FAC aparecen viajes de menos de diez minutos de duración, lo que ha llamado la atención por lo breve de algunos trayectos. También se reportan más de treinta visitas a la sede deportiva del Junior de Barranquilla, así como vuelos en los que, según lo informado, no viajaban tripulantes.
El caso llega a la justicia tras una solicitud de acceso a la información pública. Este tipo de peticiones ciudadanas están respaldadas por la Ley 1712 de 2014, que establece la obligación de las entidades del Estado de entregar datos sobre el manejo de recursos públicos, salvo excepciones legales.
La Presidencia de la República y la Casa Militar coordinan con la FAC la logística de los traslados del jefe de Estado, tanto dentro del país como en viajes internacionales. La aeronave presidencial suele operar desde la base aérea de Catam, en Bogotá, que también aloja el avión presidencial y los helicópteros asignados a la comitiva.
El costo de los vuelos corre por cuenta del presupuesto del Ministerio de Defensa. En Colombia, el uso de aeronaves oficiales por parte del presidente, su familia y colaboradores cercanos ha sido objeto de debate público y veeduría ciudadana, en especial por los traslados internos y los fines declarados de cada vuelo.
Hasta ahora, ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa han emitido una respuesta pública detallada sobre el contenido del reporte de la FAC ni sobre el fallo del juez. La orden judicial fija un plazo para que la cartera de Defensa entregue la documentación requerida, según lo que acostumbra este tipo de decisiones en Colombia.
Para los ciudadanos, el caso abre una ventana de fiscalización directa sobre uno de los rubros menos visibles del presupuesto público: el de la operación aérea presidencial. Organizaciones de transparencia y periodistas han seguido de cerca estos traslados, en línea con los principios de gobierno abierto que promueve la Ocde en sus recomendaciones.
El siguiente paso será esperar la respuesta oficial del Ministerio de Defensa y verificar si la información entregada coincide con los reportes que la FAC entregó al juez. Si hay diferencias, el despacho judicial podría tomar nuevas determinaciones dentro del proceso.
La noticia se conoce en un momento en que el Ejecutivo atraviesa distintos frentes de fiscalización sobre el manejo de recursos oficiales, lo que mantiene el interés público en cómo se mueve el presidente y cuánto cuesta cada desplazamiento.