Juliana Guerrero, quien se desempeñó como funcionaria en el Gobierno de Gustavo Petro, aceptó el cargo de fraude procesal en el proceso penal que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades con documentos académicos. La decisión fue tomada ante un juez de la República, según reportó Infobae.
La joven no aceptó, en cambio, el cargo de falsedad ideológica en documento público, el segundo de los delitos por los que fue acusada. La Fiscalía deberá entonces continuar el trámite judicial respecto a esa imputación específica, mientras el delito aceptado avanza hacia la fase de sentencia.
El caso se relaciona con la Fundación San José, una institución educativa donde, según la investigación, se habrían presentado títulos o certificaciones con presuntas inconsistencias. Este tipo de procesos penales suele tardar meses en resolverse y requiere la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
El fraude procesal consiste, según el Código Penal colombiano, en actuar de manera engañosa dentro de un trámite judicial o administrativo para obtener una resolución contraria a la ley. Es un delito que contempla pena de prisión cuando se demuestra la responsabilidad del procesado.
Guerrero había ocupado cargos en el Gobierno Petro y su nombre se convirtió en tema de debate público por la exposición mediática que tuvo durante su paso por la administración. Su situación judicial era seguida de cerca por distintos sectores políticos y por la opinión pública.
Ahora, tras la aceptación del primer cargo, la defensa y la Fiscalía podrían explorar la posibilidad de un preacuerdo que conduzca a una condena reducida. Este mecanismo es habitual en la justicia colombiana cuando el procesado colabora con el esclarecimiento de los hechos.
El proceso continúa abierto en lo que respecta al delito de falsedad ideológica en documento público, cuya definición legal implica fabricar o alterar un documento público para hacer constar hechos falsos. La pena por este delito puede incluir prisión y multas dependiendo de la gravedad.
El caso pone sobre la mesa la discusión sobre la verificación de títulos académicos de quienes ejercen cargos públicos en Colombia. Distintos sectores han planteado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones como esta se repitan.
Queda pendiente la audiencia de individualización de la pena y la definición de si habrá preacuerdo entre las partes. Infobae informó que esta será la condena que enfrentará Guerrero una vez se conozca la decisión del juez competente.
La Fundación San José, mencionada en el expediente, queda en el centro de la investigación judicial. Las autoridades deberán establecer si hubo otros casos similares o si la situación compromete únicamente a las personas ya imputadas.