La discusión sobre cómo se llevará a cabo la posesión del próximo presidente de Colombia volvió a ocupar el centro del debate político. El presidente Gustavo Petro respondió a una afirmación del precandidato presidencial Enrique Gómez respecto al protocolo con el que Abelardo de la Espriella asumiría el cargo el 7 de agosto de 2026, según reportó Revista Semana.
Petro sostuvo, en sus palabras reproducidas por Semana, que el presidente electo puede juramentarse ante civiles y que, una vez realizado ese acto, está habilitado para impartir órdenes. Con esa declaración entró de lleno en una controversia que llevaba varios días circulando en redes y medios.
El intercambio se originó en los comentarios de Enrique Gómez, quien públicamente había cuestionado la legalidad del procedimiento. Gómez es una figura conocida del escenario electoral colombiano y ha sido crítico de diversos sectores políticos, incluido el petrismo. Su intervención reactivó el debate sobre los mecanismos formales de transmisión del mando en Colombia.
En Colombia, la tradición ha sido que el nuevo presidente se juramente ante el presidente saliente en una ceremonia pública en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El acto generalmente es presenciado por las altas cortes, el cuerpo diplomático y los invitados especiales, y luego el nuevo jefe de Estado se dirige al país desde el balcón del Capitolio Nacional.
La declaración de Petro introduce un elemento distinto al señalar la posibilidad de hacerlo ante civiles. Esa figura no forma parte de la ceremonia habitual, aunque el ordenamiento jurídico contempla fórmulas alternativas cuando las circunstancias lo impiden. Expertos en derecho constitucional suelen recordar que la Constitución establece quién es el sucesor y bajo qué condiciones puede posesionarse, incluso en escenarios extraordinarios.
El episodio ocurre en un momento de alta polarización política. Las elecciones de 2026 se acercan y distintos precandidatos comienzan a fijar sus posiciones sobre temas sensibles como la reforma a la fuerza pública, la transición energética y las relaciones con Venezuela y Estados Unidos.
Para la ciudadanía, el debate no es puramente protocolario. La forma en que se transmita el mando condiciona la percepción de legitimidad del nuevo gobierno y la estabilidad institucional. Una posesión observada con dudas jurídicas puede alimentar la desconfianza ciudadana hacia el sistema democrático.
Según Semana, la controversia sigue creciendo en la opinión pública. Sectores del petrismo defienden la interpretación del presidente saliente, mientras que voceros de la oposición, incluido Gómez, insisten en que el procedimiento debe ajustarse a las prácticas tradicionales y a la literalidad de la Constitución.
Por ahora no se conoce una comunicación oficial de la Registraduría ni del equipo de transición de Abelardo de la Espriella sobre el formato elegido para el 7 de agosto. Lo que resulta claro es que la palabra de Petro buscó cerrar la discusión a su favor, pero las reacciones posteriores indican que el tema seguirá en la agenda mediática hasta que se despeje cualquier duda sobre el procedimiento.