Un juzgado de Colombia le puso un freno a los bombardeos ordenados por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La orden judicial le exige al Ejecutivo suspender cualquier operación aérea en zonas donde exista la posibilidad de que haya menores de edad, según reportó La Iguana TV.
La decisión no detalla en el extracto cuál es el juzgado que firma la orden ni el alcance geográfico exacto de la medida. Tampoco precisa desde cuándo regirá la suspensión ni por cuánto tiempo se mantendrá. Lo que sí queda claro es que el cumplimiento es obligatorio para el Gobierno nacional y para la Fuerza Pública que ejecuta estas operaciones.
Los bombardeos contra estructuras de grupos armados organizados han sido una herramienta central de la política de seguridad del Ejecutivo de De la Espriella, en línea con una línea que distintos gobiernos han usado contra organizaciones como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC. La orden introduce una restricción que hasta ahora no tenía ese alcance expreso.
El trasfondo de la decisión está en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una obligación constitucional que Colombia ha asumido además ante el derecho internacional. Diversos organismos como la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias han advertido durante años sobre el riesgo de víctimas menores en operaciones militares en zonas rurales de difícil acceso.
Para la ciudadanía, la orden implica que cualquier bombardeo futuro en zonas con presencia potencial de menores deberá pasar por filtros más estrictos. En la práctica, esto puede traducirse en más verificaciones previas sobre la zona, suspensiones operativas en áreas con escuelas, veredas o comunidades desplazadas, y eventuales investigaciones disciplinarias si se incumple lo ordenado.
Desde el punto de vista institucional, el fallo abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y la Rama Judicial. El Ejecutivo suele defender su estrategia de seguridad como indispensable para golpear a las organizaciones criminales, mientras que sectores de derechos humanos y de oposición han cuestionado los costos civiles de esas operaciones.
La fuente consultada, La Iguana TV, presenta la decisión como un freno del poder judicial a las Fuerzas Militares. Falta conocer la reacción oficial del Gobierno de De la Espriella, del Ministerio de Defensa y de los voceros militares, así como si el Ejecutivo acatará la orden sin solicitar revisiones o si presentará recursos.
El caso queda ahora en manos del cumplimiento. Si el Gobierno decide impugnar la decisión, serán los tribunales superiores los que tengan la última palabra sobre el alcance definitivo de la suspensión y sobre los límites que la justicia puede imponerle a la Fuerza Pública en operaciones aéreas.