Un juzgado de Bogotá le dio un ultimátum a Ana Lucía Pineda, primera dama y esposa del presidente Abelardo de la Espriella. La decisión la obliga a responder de fondo un derecho de petición radicado por el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, según reportó Infobae.
Ocampo lleva 29 días esperando una respuesta. En su solicitud pidió información concreta sobre el dinero recaudado por la fundación que preside Pineda para atender a los perjudicados por el fuerte sismo que sacudió varias zonas del país. También pidió que se detallen los mecanismos de control sobre el uso de esos recursos.
La demora en la contestación motivó al senador a acudir a la vía judicial para que un juzgado compeliera a la primera dama a pronunciarse. Un derecho de petición es una herramienta constitucional que cualquier ciudadano puede usar para pedir información a entidades públicas o a personas con funciones públicas o que manejan recursos de origen privado asociados a esas funciones.
El caso pone en el centro del debate la actuación de las fundaciones y organizaciones que canalizan donaciones tras una emergencia. Cuando se trata de aliados directos del gobierno nacional, la ciudadanía suele exigir un nivel mayor de transparencia sobre el origen y el destino de cada peso recaudado.
Pineda acompaña al presidente de la Espriella desde el inicio de su gobierno y ha estado presente en actividades oficiales y eventos de carácter social. La fundación que ella dirige ha hecho pública su intención de ayudar a los damnificados, pero hasta ahora no se conocen reportes detallados de cifras ni de ejecución.
El sismo al que se refiere el expediente dejó daños materiales en viviendas, vías y centros de salud en varias regiones. Las ayudas internacionales, del Gobierno y de organizaciones privadas se convirtieron en un soporte clave para los hogares y los municipios golpeados por la emergencia.
En ese contexto, organizaciones civiles y veedurías ciudadanas han pedido que se publiquen listados de donantes, montos entregados y beneficiarios atendidos. El senador Ocampo se inscribió en esa línea de fiscalización y, al no recibir respuesta, escaló el caso a un juzgado.
Si la primera dama no responde dentro del plazo fijado por el juzgado, podría enfrentar las consecuencias procesales previstas en la ley para el desacato a un derecho de petición. Entre ellas figuran sanciones y multas a cargo del funcionario o particular obligado.
La decisión judicial llega en medio del operativo nacional de respuesta al sismo. El Gobierno ha coordinado el censo de daños, la entrega de ayudas y la reconstrucción, y cualquier controversia sobre el manejo paralelo de donaciones puede alimentar la discusión sobre la transparencia del conjunto de la respuesta oficial.
Por ahora, la expectativa se centra en el contenido y la oportunidad de la respuesta de la fundación. Un pronunciamiento público y verificable permitiria cerrar la duda sobre el uso de los fondos. La falta de respuesta, en cambio, abriria un nuevo escenario judicial.