La Defensora del Pueblo dirigió una advertencia al presidente Abelardo de la Espriella sobre la situación de los menores de edad en zonas de conflicto. Según la funcionaria, no se puede seguir permitiendo la muerte de niños, niñas y adolescentes en combates o bombardeos en el país.
El pronunciamiento, recogido por El País de Cali, recalca que la prevención de estas violencias exige más que el uso de la fuerza. La funcionaria fue enfática al señalar que la prevención no se logra solo con armas, una frase que resume el eje de su mensaje al Gobierno nacional.
La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de promover y defender los derechos humanos en Colombia. Dentro de sus funciones está vigilar la actuación del Estado y alertar cuando una política pública pone en riesgo a poblaciones vulnerables, como ocurre con los menores que habitan regiones afectadas por la violencia armada.
El llamado llega en un momento sensible para la política de seguridad del Gobierno de De la Espriella. Distintos sectores han cuestionado el balance entre las operaciones militares contra grupos armados y la protección de la población civil, en especial de niños y jóvenes que quedan en medio de los enfrentamientos.
Para las organizaciones de derechos humanos y de infancia, la muerte de menores en bombardeos o combates representa una de las violaciones más graves del conflicto. Estos casos suelen derivar en investigaciones de la Fiscalía y en sanciones disciplinarias dentro de la fuerza pública, además de abrir debates sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza del Estado.
La advertencia de la Defensora también reaviva la discusión sobre las rutas de prevención que debe asumir el Gobierno. Programas sociales, presencia institucional en zonas rurales, protección de líderes y atención a víctimas son algunos de los componentes que, según expertos y entidades internacionales, acompañan las estrategias de seguridad para reducir el riesgo sobre la infancia.
Desde el Gobierno, distintas voces han defendido que las operaciones militares buscan golpear a estructuras armadas responsables de reclutamiento forzado y narcotráfico. Sin embargo, la Defensora planteó que esos resultados no eximen al Estado de su obligación de garantizar que los menores no queden atrapados en el fuego cruzado.
La ciudadanía, en particular las familias de zonas rurales, sigue siendo la más afectada por estos hechos. El desplazamiento, el miedo y la zozobra que dejan los combates pesan sobre comunidades enteras, donde los menores suelen ser los más vulnerables.
Por ahora, queda pendiente la respuesta oficial del presidente De la Espriella y de su equipo de seguridad al llamado de la Defensora. También está por verse si el Gobierno ajustará su estrategia para reforzar la prevención social y la protección de la infancia, más allá de las acciones militares.