La Contraloría General de la República elevó una alerta sobre un conjunto de predios rurales por los que el gobierno habría destinado recursos cercanos a un billón de pesos, pese a que esos terrenos no cuentan con escritura pública ni con un registro formal de propiedad, según reportó CAMBIO Colombia. El organismo de control pidió explicaciones al Ejecutivo sobre el origen de los recursos, los criterios de selección de los predios y el estado actual de cada negociación.
El reporte se conoce en un contexto de creciente preocupación por la transparencia en los procesos de adquisición de tierras en Colombia. En las últimas décadas, la compra y adjudicación de predios rurales ha sido una herramienta central de la política agraria, tanto para la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado como para la formalización de pequeños campesinos y la atención de comunidades étnicas. Esa misma magnitud ha hecho de la tierra un foco recurrente de investigaciones por parte de los organismos de control.
La falta de escritura pública implica, en términos prácticos, que la propiedad no está inscrita en las oficinas de instrumentos públicos. Sin ese registro, los compradores quedan expuestos a reclamaciones de terceros, a procesos judiciales de pertenencia y a riesgos de estafa. En el caso del Estado, la ausencia de títulos claros dificulta la entrega formal de los predios a los beneficiarios y limita la posibilidad de invertir en infraestructura productiva sobre esos lotes.
De acuerdo con la alerta de la Contraloría, el billón de pesos comprometido corresponde a operaciones adelantadas por distintas entidades del orden nacional. El organismo pidió a las agencias involucradas entregar un inventario detallado de los predios, el estado de los trámites de escrituración y las fechas estimadas para culminar los procesos de formalización. También solicitó información sobre los terceros que figuran como vendedores o intermediarios.
El caso reaviva la discusión sobre la gobernanza de la tierra en Colombia. Históricamente, el país ha avanzado de manera lenta en la actualización catastral y en la formalización de la propiedad rural. La Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Unidad de Restitución de Tierras han sido señaladas en distintos informes por demoras en la inscripción de títulos y por debilidades en los procesos de verificación de la cadena de propiedad.
Para las comunidades beneficiarias, el impacto es directo. Cuando un predio adquirido por el Estado carece de escritura, las familias que esperan ser adjudicatarias no pueden acceder a créditos agropecuarios, no pueden hipotecar el lote ni acceder a servicios que exijan títulos formalizados. En zonas donde la presencia estatal es débil, la indefinición de la propiedad también facilita la ocupación por terceros ajenos al proceso.
Desde el punto de vista fiscal, la alerta de la Contraloría se suma a otros llamados de atención recientes sobre el uso de los recursos públicos en la política de tierras. El organismo de control ha reiterado en varios informes que la ausencia de controles previos y de auditorías concomitantes incrementa el riesgo de pagos por predios inexistentes, sobrevalorados o con limitaciones legales no reveladas al momento de la compra.
Organizaciones de la sociedad civil han pedido que el caso se traslade a los órganos competentes para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales. También han solicitado que se conforme una mesa de seguimiento con participación de las comunidades afectadas, la Contraloría y las entidades ejecutoras, con el fin de garantizar que los procesos de escrituración lleguen a feliz término.
Por ahora, el gobierno no se ha pronunciado de manera pública sobre el contenido puntual de la alerta. Queda pendiente la respuesta oficial a la Contraloría, el inventario de predios comprometidos y la definición de un cronograma para sanear la situación registral de los lotes. La evolución de este expediente será clave para medir la efectividad de los controles sobre la política de tierras en Colombia.
La alerta, divulgada por CAMBIO Colombia, vuelve a poner la lupa sobre un tema sensible para la paz y la equidad en el campo colombiano: la relación entre los recursos públicos invertidos y la seguridad jurídica de las familias que dependen de la tierra para vivir.