Legisladores de al menos cuatro colectividades, entre ellas Salvación Nacional, Partido Conservador y Centro Democrático, radicaron en el Congreso proyectos de ley dirigidos a prohibir el aborto en Colombia y a restringir el acceso de menores de edad a tratamientos médicos de afirmación de género, informó EL PAÍS en su publicación titulada “La bancada provida apuesta a limitar derechos con el impulso del Gobierno”.
De acuerdo con la información del diario, estas iniciativas hacen parte de una agenda legislativa coordinada que distintos sectores han agrupado bajo la etiqueta de bancada provida. El reporte periodístico señala que este bloque de congresistas actúa con el impulso del Gobierno nacional, lo que da cuenta de un alineamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a estos temas.
La Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055 de 2022 y reguló las causales más allá de ese plazo. En materia de identidad de género, distintas sentencias y resoluciones del sistema de salud y del sistema judicial han reconocido el derecho de los menores a acceder a acompañamientos médicos bajo criterios de autonomía progresiva, un marco que las propuestas radicadas buscarían modificar.
Las iniciativas, según el extracto de EL PAÍS, apuntan a dos frentes sensibles para la opinión pública: la interrupción voluntaria del embarazo y los tratamientos de afirmación de género para personas menores de edad. Ambos asuntos han generado debate en el país entre sectores que defienden derechos reproductivos y de identidad, y sectores que promueven su restricción por razones de protección a la vida y a la infancia.
El contenido exacto de cada proyecto, los ponentes designados y el trámite que surtirán en las comisiones constitucionales no se detalla en el extracto entregado por EL PAÍS. Tampoco se precisan las sanciones penales o administrativas específicas que se plantean ni los plazos de transición contemplados para los tratamientos ya en curso, por lo que la magnitud del cambio normativo aún no se conoce en detalle.
La coordinación entre bancadas de distinta ideología, incluidos partidos de tradición conservadora y movimientos más recientes como Salvación Nacional, sugiere un intento por construir mayorías en el Congreso. El respaldo del Gobierno, según el diario, puede traducirse en mensajes presidenciales, inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo o prioridades en el trámite legislativo.
Para los ciudadanos, los proyectos abren un escenario de incertidumbre sobre el acceso a procedimientos médicos que hoy hacen parte del plan de beneficios en salud y de la jurisprudencia constitucional. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de mujeres y personas trans suelen reaccionar con preocupación ante restricciones de este tipo, mientras que agrupaciones religiosas y provida las respaldan.
La Corte Constitucional será, en últimas, la instancia llamada a decidir sobre la constitucionalidad de eventuales normas que lleguen a expedirse. Mientras tanto, los proyectos entran a debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde se enfrentarán a audiencias públicas, ponencias y modificaciones antes de una posible votación en plenarias.
Queda por ver el alcance real de los textos radicados, el apoyo de otras bancadas y la posición oficial del Ministerio de Salud y de la Vicepresidencia de la República frente a los tratamientos para menores. EL PAÍS señala que la ofensiva legislativa recién comienza y que el impulso del Gobierno será determinante para su avance o su archivo en el Congreso.