Según el reporte de EL PAÍS, la directora del ICBF señaló en su primeras semanas al frente de la entidad que el uso de ciertas palabras dentro de los programas dirigidos a menores puede constituir una forma de ideologización. La funcionaria puso como ejemplos términos como 'resistencia' y la fórmula inclusiva 'niños y niñas'.
El ICBF es la entidad del Estado colombiano responsable de proteger a los niños, niñas y adolescentes y de coordinar la política pública de infancia y familia. Su dirección es designada por el presidente de la República, por lo que los lineamientos de la nueva administración marcan el rumbo de la atención a esta población durante el periodo de gobierno.
La discusión no es nueva en Colombia. En los últimos años, distintas dependencias oficiales han adoptado guías de lenguaje inclusivo y de enfoque de género en la redacción de sus documentos, sus campañas y sus protocolos. Sectores defensores de derechos han respaldado ese tipo de lenguaje como una forma de reconocer la diversidad, mientras que críticos lo han cuestionado por considerarlo una carga ideológica.
En la práctica, las palabras que se usan en los programas del ICBF aparecen en cartillas, manuales de operadores, piezas de comunicación y documentos de seguimiento a los hogares sustitutos, los jardines sociales y las defensorías de familia. Cambiar el lenguaje supone ajustar materiales, capacitaciones y criterios técnicos en todo el país.
Para los operadores territoriales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cualquier modificación en los lineamientos obliga a actualizar protocolos y a capacitar al personal que atiende a menores en regiones apartadas. También implica revisar la forma en que se reportan los casos de vulneración de derechos y se nombran los enfoques diferenciales.
La posición de la directora llega en medio de lo que EL PAÍS describe como la 'batalla cultural' del gobierno de Abelardo de la Espriella. El Ejecutivo ha planteado revisiones en varias entidades del Estado con el argumento de depurar enfoques que considera politizados y avanzar hacia una gestión más técnica.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en infancia han pedido, en otras oportunidades, que las decisiones sobre el lenguaje se tomen con base en evidencia y con participación de comunidades, académicos y operadores. También han advertido que cambios abruptos en los manuales pueden generar confusión en la atención directa a menores.
Por ahora, la directora no ha detallado si emitirá una directriz formal para modificar los documentos del ICBF ni en qué plazo. Lo que sí quedó sobre la mesa es un debate que combina semántica, política y derechos de la infancia, y que probablemente seguirá marcando la agenda de la entidad en los próximos meses.
Queda por verse si la discusión se traducirá en actos administrativos concretos, en ajustes de manuales o simplemente en lineamientos internos. La forma en que se resuelva ese paso definirá el alcance real del cambio propuesto por la dirección del ICBF.