Al finalizar el gobierno de Gustavo Petro, Colombia registró 261.000 hectáreas de cultivos de coca, la cifra más alta del siglo, de acuerdo con el reporte citado por La FM. El dato se convirtió en el punto de partida obligatorio para la siguiente administración, la de Abelardo de la Espriella, que asume con este récord como herencia inmediata.
El cultivo de coca en Colombia es monitoreado traditionally por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Los reportes anuales de ese sistema, publicados desde finales de los años noventa, sirven como referencia oficial para dimensionar el tamaño del fenómeno en el país.
La nueva cifra confirma una tendencia al alza que venía registrándose en los últimos años. En lugar de reducir el área sembrada, el saldo del período fue el de mayor expansión documentada, lo que ubica a Colombia como el principal cultivador mundial de hoja de coca, según el contexto que manejan organismos internacionales.
De forma paralela, la administración entrante de Abelardo de la Espriella recibió una nueva hoja de ruta con la ONU para abordar la problemática. Ese tipo de cooperación bilateral suele incluir compromisos de monitoreo, asistencia técnica y acompañamiento a las comunidades en las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito.
El impacto sobre la ciudadanía es doble. Por un lado, las regiones productoras, históricamente golpeadas por la presencia de grupos armados y economías ilegales, enfrentan un escenario de mayor presión sobre sus ecosistemas, sus vías y su seguridad. Por otro, el volumen de cocaína que sale del país mantiene activos los flujos del narcotráfico hacia los mercados internacionales.
Desde el punto de vista institucional, el récord pone en cuestión la efectividad de las políticas de aspersión, sustitución voluntaria y erradicación manual que se aplicaron durante el gobierno saliente. Expertos y organismos de control han señalado que el aumento del área sembrada suele ir de la mano del debilitamiento de la presencia estatal en los territorios.
La transición entre gobiernos agrega un reto adicional: la continuidad de los programas en marcha, la renegociación de acuerdos con comunidades campesinas y la articulación con la fuerza pública. La nueva hoja de ruta con la ONU aparece entonces como uno de los primeros instrumentos con los que la administración de De la Espriella intenta ordenar la respuesta.
Quedan varias tareas pendientes: publicar un nuevo censo de cultivos, definir metas de reducción verificables, reactivar los esquemas de sustitución donde la presencia del Estado sea posible y fortalecer la interdicción. También está sobre la mesa la decisión sobre la aspersión aérea, suspendida en el período anterior, cuya reactivación o no marcará el rumbo de los próximos años.
El dato de La FM funciona como línea base. Cualquier evaluación que se haga sobre la gestión de Abelardo de la Espriella en materia de drogas se medirá a partir de estas 261.000 hectáreas, una cifra que hoy representa el mayor desafío en política de seguridad y desarrollo rural para el nuevo gobierno.