El expresidente Juan Manuel Santos se dirigió de nuevo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para recordarle que la Constitución colombiana establece la obligación de implementar el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 con las entonces Farc. Según el extracto de la noticia, Santos citó ese mandato como respuesta a las posturas críticas que De la Espriella ha expresado sobre el acuerdo.
El cruce se produce en un contexto de transición. De la Espriella resultó elegido en el reciente proceso electoral y se prepara para asumir la Presidencia de la República. Durante la campaña y en distintas declaraciones posteriores, ha planteado reparos a varios puntos del acuerdo, en particular a los mecanismos de cumplimiento y a la participación de excombatientes en política.
El Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado interno. El texto fue incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, lo que le dio rango constitucional y blindó sus contenidos frente a reformas ordinarias.
La implementación del acuerdo se ha extendido a lo largo de varios gobiernos y ha estado a cargo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), creada por el propio texto. También intervienen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros organismos.
El llamado de Santos se centra en el deber constitucional de quien llega a la Casa de Nariño. En sus palabras, recogidas por la fuente, 'la Constitución dice que tiene que implementar el Acuerdo de Paz'. Con esa frase, el expresidente buscó enmarcar el debate en el terreno del cumplimiento normativo y no en el de la conveniencia política.
Para los defensores del proceso, el pronunciamiento de Santos tiene peso porque él fue el jefe de Estado que suscribió el acuerdo y ha sostenido su defensa en escenarios internacionales, incluido el Premio Nobel de Paz que recibió en 2017. Para los sectores críticos, las objeciones de De la Espriella reflejan un mandato ciudadano que pidió cambios en la implementación.
El debate toca directamente a las víctimas del conflicto. Más de nueve millones de personas registradas en el Registro Único de Víctimas esperan que las garantías de reparación, verdad y no repetición se mantengan como política de Estado. Cualquier giro en la implementación afecta las expectativas de esos procesos y la financiación de los mismos a través del presupuesto nacional.
También pesa sobre los cerca de 13.000 excombatientes acreditados que hoy hacen parte de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o que se han reintegrado a la vida civil. Los retrasos en los compromisos de vivienda, seguridad, tierras y proyectos productivos han sido motivo de alertas de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Desde la óptica institucional, la JEP sigue tramitando macrocasos sobre secuestros, falsos positivos, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros. La Corte Constitucional ha emitido varias sentencias que ordenan avanzar en la implementación y han sido respondidas con acciones y solicitudes del Gobierno nacional entrante.
Queda por verse cómo el nuevo Gobierno planteará sus diferencias con el acuerdo sin afectar su carácter constitucional. El debate abierto por Santos anticipa una discusión pública sobre los límites entre el programa de gobierno y los compromisos de Estado que sobreviven a un cambio de administración.