La Corte Constitucional, por medio de un exhorto dirigido a las ramas Ejecutiva y Legislativa, solicitó que el Estado colombiano avance en una regulación específica para los influencers, según reportó Infobae. El pronunciamiento pone en el centro del debate el crecimiento de estas figuras en las plataformas digitales y la ausencia de un marco legal que ordene su actividad.
En lo esencial, la Corte pidió que se garantice el derecho a la libertad de expresión de los influencers sin que ese derecho limite los derechos fundamentales de los demás ni desconozca los principios de la Constitución de 1991. La decisión refleja una preocupación del tribunal por los efectos que la comunicación masiva a través de redes sociales puede tener sobre los consumidores, en especial cuando se trata de publicidad, recomendaciones de productos o difusión de contenido sensible.
El exhorto no es una orden obligatoria. En la práctica, significa que la Corte considera necesario que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional estudien, debatan y eventualmente aprueben reglas que delimiten el ejercicio de los influencers. En el pasado, el alto tribunal ha usado este tipo de llamados para impulsar legislaciones en temas como la protección de datos personales, el acceso a la información pública y la regulación de contenidos audiovisuales.
El tema de los influencers ha ganado relevancia en Colombia en los últimos años por el volumen de seguidores que algunas de esas cuentas acumulan en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. También por la creciente presencia de publicidad encubierta, la difusión de productos sin soporte técnico y la promoción de servicios financieros o de salud sin controles claros. Diversos sectores han reclamado reglas de transparencia sobre los acuerdos comerciales y los contenidos patrocinados.
Para la ciudadanía, una eventual regulación podría traducirse en información más clara sobre cuándo un contenido es publicidad, qué productos se promueven y bajo qué condiciones. También abriría el debate sobre la responsabilidad de los influencers frente a sus seguidores, en particular cuando se trata de menores de edad o de consumidores que toman decisiones con base en esas recomendaciones.
El llamado de la Corte llega en un momento de revisión global sobre el papel de las redes sociales en la opinión pública. En Europa y en América Latina distintos países han discutido normas para transparentar la pauta digital, exigir la identificación de contenido patrocinado y proteger a usuarios menores de edad. En Colombia, este debate se suma a discusiones previas sobre moderación de contenidos y responsabilidad de las plataformas.
El Gobierno Nacional ahora debe evaluar cómo responde al exhorto, ya sea mediante un proyecto de ley, una regulación en el marco de sus competencias o el impulso de mesas de trabajo con el Congreso. Por su parte, las comisiones legislativas que tramitan temas de comunicaciones, comercio y protección al consumidor podrían convertirse en el escenario donde se discutan eventuales iniciativas.
Queda por verse si el exhorto se traduce en un proyecto concreto en el corto plazo y si ese proceso incluye a los propios influencers, a las plataformas y a organizaciones de consumidores. La Corte dejó abierta la puerta para que las tres ramas del poder público trabajen de manera conjunta en un asunto que cada año involucra a más colombianos como productores y como audiencia.
Según Infobae, el pronunciamiento del alto tribunal reitera que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede ser ponderado frente a otros derechos fundamentales. Esa ponderación es, justamente, la que la Corte espera que el Congreso y el Gobierno desarrollen al momento de diseñar cualquier regulación sobre los influencers en el país.