El país enfrenta hoy lo que el diario El País describe como la crisis de seguridad más aguda en dos décadas. El diagnóstico coincide con reportes de aumento de acciones de grupos armados, confinamientos y disputas territoriales en distintas regiones, una situación que se ha convertido en el primer gran reto del gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella.
En sus intervenciones públicas recientes, el presidente electo ha puesto el acento en dos líneas claras: duros ataques contra los grupos armados y la decisión de romper las mesas de negociación que se habían abierto en años anteriores. Esa postura marca un giro frente a la estrategia de diálogos que distintos gobiernos habían intentado como vía para reducir la violencia.
Sin embargo, el propio medio señala que esos anuncios llegan sin un plan detallado que explique cómo se recuperará la gobernanza en los territorios donde la presencia del Estado es débil o nula. La ausencia de detalles concretos sobre operativos, recursos o coordinación institucional deja abierta la pregunta sobre la capacidad del nuevo gobierno para traducir el discurso en resultados.
La crisis no es nueva. Durante los últimos años se han reportado incrementos en la actividad de organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN, además de la expansión de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Municipios de Catatumbo, Cauca, Putumayo y Bajo Cauca han registrado episodios recurrentes de violencia que afectan a comunidades enteras.
El rompimiento de las conversaciones con estos grupos implica, en la práctica, que el gobierno entrante apuesta por una vía de presión militar y policial. Esa ruta requiere un pie de fuerza suficiente, inteligencia operativa y, sobre todo, una articulación con las autoridades regionales, factores que en el pasado han mostrado debilidades cuando se han intentado operaciones de gran escala.
Para la ciudadanía, el impacto es directo. Los habitantes de zonas rurales han sido los más golpeados por desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales y restricciones a la movilidad. En zonas urbanas, la extorsión, los sicariatos y el control de economías ilegales han incrementado la percepción de inseguridad, un dato que se refleja en encuestas ciudadanas recientes.
Distintos analistas citados por El País han pedido al gobierno electo pasar del discurso a la presentación de un plan que contemple metas medibles, cronogramas y responsabilidades claras por institución. La expectativa incluye también el papel de la Fuerza Pública, la justicia y las entidades civiles que trabajan en la protección de derechos humanos en los territorios.
El reto inmediato será demostrar que la decisión de no negociar se traduce en una recuperación efectiva del control territorial. De lo contrario, el riesgo es que la crisis siga profundizándose, con consecuencias humanitarias y políticas que marcarán el inicio de la administración de Abelardo de la Espriella.
Por ahora, la opinión pública y los observadores del conflicto estarán atentos a los primeros nombramientos en las carteras de Defensa, Interior y Justicia, así como a la presentación del plan de seguridad que el nuevo gobierno está obligado a detallar en sus primeras semanas de mandato.